Inhabilitada por seis años la juez que denunció un caso de corrupción en Málaga

Blanca Esther Diez, la juez de Marbella que denunció la supuesta trama de corrupción judicial en Málaga, fue condenada ayer por la Sala de lo Civil y Pena¡ del Tribunal Superior de Andalucía a seis años de inhabilitación especial por impedir el ejercicio de los derechos cívicos; a seis meses de suspensión por retardo y a seis meses más por revelar secretos durante la instrucción de un procedimiento sobre la compareventa del casino de Marbella. La condenada no quiso pronunciarse ayer sobre la sentencia.

Ésta es la segunda sentencia condenatoria dictada por dicha sala contra la juez de Marbell (la primera le supuso la inhabilitación por un año) a instancia del ex oficial de los juzgados marbellíes Juan Ramírez, que fue detenido y encarcelado por Blanca Esther Diez por su supuesta vinculación con la adquisión del casino. La sala dictó ayer también una tercera sentencia, en este caso absolutoria, por un caso de revelación de secretos relacionado con un procedimiento distinto.La sentencia condenatoria dada a conocer ayer por la sala estima que Blanca Esther Díez incurrió en distintas irregularidades de procedimiento que limitaron los derechos de Juan Ramírez y que le obligaron a permanecer en prisión e incomunicado más tiempo del preciso. Para dos miembros de la sala -el presidente, Manuel Rodríguez López, y el magistrado Antonio López Delgado- la juez incurrió en un delito de retraso malicioso al mantener la incomunicación de Ramírez seis días más de los previstos; no tomarle declaracíón hasta dos jornadas después de ser detenido, y no resolver un recurso contra el auto de prisión hasta 16 días después de presentado.

Sin embargo, el magistrado Plácido Fernández-Viagas, en un voto particular, niega que la juez actuara con la "malicia" contemplada en la ley. "Una cosa es ser buen juez y otra distinta incidir en delito", dice.

La sentencia imputa a Blanca Esther Díez no haber tenido en cuenta la recusación planteada por los abogados del ex oficial del juzgado durante los días en que éste permaneció incomunicado. Esto supone la comisión de un delito contra los derechos cívicos, por la que se la condena a seis años de inhabilitación especial.

Fernández-Viagas opina, en cambio, que, al estar incomunicado, Ramírez no pudo dar instrucciones a su abogado para que planteara la recusación. Tampoco lo hizo a través de los policías que lo custodiaban. La sentencia no es firme y será apelada ante el Supremo por el abogado de la juez.