Presunto granuja

La querella presentada Ipor el fiscal de la Audiencia Nacional contra Mario Conde, seis consejeros, el consejero delegado Enrique Lasarte, un consejero director general (Martín Rivas) y un director general (Fernando Garro), aborda algunas de las operaciones del punto quinto del pliego de cargos del Banco de España -realización de actos fraudulentos y utilización de personas interpuestas- y otras aportadas por la investigación judicial.Entre las primeras está la protagonizada por la instrumental Valyser en Isolux-Wat, que reportó a gente próxima a Conde una plusvalía de 3.800 millones de pesetas entre 1990 y 1993; la del edificio de la sociedad Promociones Hoteleras, operación vinculada a la misma gente de Valyser; la del pago de 23.000 millones a los socios portugueses para alcanzar el 50,83% del capital del Banco Totta & Açores, sin contraprestación alguna. Entre las operaciones nuevas están las que afectan a Arturo Romaní, cuya sociedad Data Trasmisions Systems obtuvo plusvalías de unos 1.300 millones con la compraventa de un paquete de acciones de dos sociedades cementeras; la desaparición de más de 1.000 millones en una operación de compraventa de locales cornerciales realizada por Garro; el pago de una cantidad por parte de Rivas en otra operación presuntamente fraudulenta y la desaparición de 1.344 millones en Carburos Metálicos.

Los fiscales han preferido renunciar de momento en la querella a imputar el delito de estafa, para lo cual se hubiese exigido probar la existencia de ánimo de lucro, voluntad de engañar y existencia de un perjudicado en algunas de las operaciones descritas. Pero se trata de una demanda abierta, como ocurrió con el auto de prisión que llevó a Javier de la Rosa a la cárcel hace ahora un mes. Por tanto, a lo largo de la investigación pueden irse perfilando nuevas acusaciones como el de Dorna, Hachuel y Veblinsa, Servicios de Seguridad, que han quedado de momento fuera. La imputación de delitos podría, pues, extenderse a otros miembros de la comisión ejecutiva que no han sido incluidos en esta primera fase.

Es importante subrayar que la intervención de Banesto el 28 de diciembre de 1993 tuvo lugar porque el banco se hallaba en quiebra técnica y no por la prácticas presuntamente fraudulentas de Conde. El gobernador del Banco de España dijo el 30 de diciembre de ese año que "en estos momentos no existe fundamento para señalar responsabilidades distintas de las puramente mercantiles".

Precisamente, la cuantía de la fianza exigida, de 13.000 millones, referida a operaciones concretas, muestra toda la distancia que hay hasta las necesidades de saneamiento definidas por el Banco de España (503.000 millones a 30 de junio de 1993) y la nueva administración de Banesto (605.000 millones a 31 de diciembre de 1993). Conde, pues, fue apartado en primer término por quebrar el banco. En segundo lugar, el banco emisor inició un expediente en febrero de 1993 en el que describió actos fraudulentos. Los fiscales entienden ahora que, aparte de mala, administración, hay delitos.

La filosofía de la querella es simple. La falsedad en documento mercantil (balances) ha sido una herramienta en la maquinación para alterar el precio de las cosas y ésta, a su turno, sirvió para concretar las apropiaciones indebidas. Obsérvese que la maquinación ocupa un lugar muy importante, casi sustituyendo a la estafa, que hubiera requerido un perjudicado /engañado. Ahora bien: en España no existe ningún procesado y, por tanto, ningún condenado por maquinación.

Conde deberá ahora explicar pacientemente aquellas operaciones que le provocaron arrebatos de furia en el Congreso. El juez tendrá que hacer como su colega Kimba Wood de EE UU hizo con Michael Milken: probar que Conde ha violado la ley con delitos difíciles de probar. La citada juez condenó a Milken a diez años de cárcel. Desde ayer, Conde y sus amigos han pasado a ser presuntos granujas: Conjunto de pillos, pícaros o bribones, según el diccionario RAE.