PP propondrá que los vecinos elijan directamente a sus alcaldes

El PP está estudiando la propuesta de que sean los propios ciudadanos quienes elijan directamente a sus alcaldes, según el borrador de programa para las próximas elecciones municipales que ayer debatieron los miembros de la Comisión Intermunicipal del partido. Esta comisión está formada por los alcaldes y portavoces del PP en las localidades de más de 25.000 habitantes y por los presidentes de los cabildos y diputaciones provinciales.El vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy, se mostró partidario de que los alcaldes fueran elegidos por los vecinos y no por los concejales, ya que, en su opinión, la institución municipal se caracteriza precisamente por su gran acercamiento al ciudadano. Rajoy recordó que este sistema está en vigor en otros países europeos.

Mercedes de la Merced, responsable de política municipal del PP, desveló algunas de las propuestas con las que su partido concurrirá a las próximas elecciones municipales. Entre ellas, citó la máxima liberalización de suelo para la edificación de viviendas y el desarrollo de políticas para la mejora del medio ambiente.

Otras de las propuestas debatidas por, los populares son la congelación de plantillas municipales -excepto para acceder a los cuerpos policiales, bomberos y protección del medio ambiente- y el cumplimiento estricto de, las normas que regulan las oposiciones internas. También se encuentran entre sus prioridades no aumentar los impuestos por encima del IPC y que el personal contratado para puestos de confianza no supere el 0,2% de la totalidad de la plantilla municipal.

Recurrir a los tribunales

También ayer el Grupo Popular adelantó una propuesta enmarcada en una proposición de ley del Gobierno y de la Administración del Estado que se debatirá el próximo martes en el pleno del Congreso y que ayer. fue presentada por el portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, y los diputados Manuel Núñez y Rodolfo Martín Villa. El Grupo Popular pretende que todos los actos del Gobierno y de la Administración queden sometidos a la revisión de los tribunales, sin excepción alguna "ni siquiera los llamados actos políticos".

Martín Villa explicó que el sometimiento a la jurisdicción de los tribunales de toda la actuación gubernamental no supone la necesidad de incrementar desmesuradamente las normas administrativas en las que se apoyarían los posibles recursos ante los tribunales.

Núñez aseguró que la propuesta de su grupo supondría, entre otras cosas y en el aspecto práctico, una reducción de el número de altos cargos en la Administración con el que se conseguiría un ahorro de unos 50.000 millones de pesetas en su primer año de aplicación. Según Núñez, en 1983 los altos cargos y puestos directivos de alto nivel sumaban 1.570, mientras que en la actualidad alcanzan la cifra de 7.183.