La fiscalía investigará el presunto espionaje político

La Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón decidió ayer por unanimidad, tras una reunión plenaria de varias horas, actuar de oficio e incoar diligencias de investigación para esclarecer los supuestos pagos de espionaje político con fondos públicos durante el mandato del presidente autonómico, el socialista José Marco.Al margen de esta decisión, IU y el PSOE quieren que los tribunales averigüen si en la anterior etapa de Gobierno existieron pagos de comisiones ilegales a altos funcionarios.

Los fiscales acordaron intervenir "en virtud de lo indicado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y "como consecuencia de las numerosas noticias relativas a la vigilancia de determinadas personas que ostentan cargos públicos" y dado que "siempre se dice que se han efectuado pagos por la prestación de los citados servicios con cargo a fondos que pudieran tener la consideración de públicos".

Las denuncias sobre el espionaje partieron del alcalde de Zaragoza, el socialista Antonio González Triviño, que acusó a su compañero de partido, el diputado Fernando Gimeno, de haber ordenado la elaboración de informes sobre sus actividades personales, de otros cargos públicos del partido y de fuerzas de la oposición.

El escándalo comenzó a crecer al manifestar Gimeno que, con la aprobación de Marco, se contrató a una agencia de detectives para comprobar unas denuncias anónimas sobre las actividades mercantiles del presidente del Partido Aragonés, José María Mur.

Más tarde se supo que esa empresa, la agencia Diamond, trabajaba para el Gobierno regional en la sociedad de avales Araval, participada con dinero público. Su cometido fue realizar un rastreo telefónico y telemático del edificio sede del Ejecutivo. Igualmente, recibió instrucciones para realizar informes sobre 31 empresas aragonesas que habían solicitado acogerse a las líneas de crédito del Ejecutivo autonómico y financiadas a través de Araval.

La crispación alcanzó su grado máximo el jueves, en la sesión de las Cortes, cuando el presidente Marco acusó al presidente regional del PP, Santiago Lanzuela, de tener responsabilidad política derivada de su mandato como consejero de Economía y Hacienda, al haberse producido cobro de comisiones ilegales entre directivos de Araval.