El Gobierno de la Generalitat presenta informes exculpatorios sobre sus relaciones con De la Rosa

La Generalitat hizo entrega ayer al Parlamento catalán de tres informes sobre asuntos de Javier de la Rosa en los que intervino la Administración autónoma: la constitución y funcionamiento de la Fundación Quail, la compra de la sede de CNL (hoy Grand Tibidabo) y el otorgamiento de la licencia de construcción de la clínica New Teknon. La oposición había reclamado aclaración sobre estos extremos. Pujol estimó ayer que esa información exculpa a su Gobierno de cualquier irregularidad en sus tratos con el financiero encarcelado.

El informe sobre la Fundación Quail -precisa- que, en contra de lo que De la Rosa y sus socios prometieron en 1991 -transferir de Quail España a la nueva Fundación Quail 434 millones de pesetas-, nunca se efectuó esta operación. La fundación sigue con el millón de capital fundacional, según el informe y en contra de otras informaciones. El informe entregado al Parlamento añade que se ha investigado la situación patrimonial de la Fundación Quail en los registros públicos y que ésta no es titular de ningún inmueble o propiedad inmobiliaria "ni de ninguna titularidad jurídica registrable".De la compra de la sede de CNL, en la avenida Diagonal de Barcelona, para destinarla a sede del departamento de Medio Ambiente, el informe de la Generalitat argumenta que a la vista de las ofertas disponibles se tomó en consideración el citado inmueble por ser un edificio de reciente construcción (1980), por su configuración, por su ubicación, y porque su precio encajaba en la horquilla de valores que presentaba el mercado de la época (1991) e incluso estaba en la banda inferior: 4.200 millones de pesetas por 7.036 metros cuadrados de superficie real. El informe niega que interviniera un intermediario.

En relación con la clínica New Teknon, los argumentos del Gobierno catalán insisten en que fue el Ayuntamiento de Barcelona el que promocionó el plan especial que hizo posible este equipamiento sanitario, pero que luego no otorgó la licencia de obras. Como la decisión municipal de denegar la licencia no fue comunicada al interesado, la Generalitat se subrogó esa competencia y la concedió. El Tribunal Superior de Cataluña anuló esa licencia.

Todos los grupos de oposición excepto el socialista, pidieron ayer una comisión de investigación sobre la relación de la Generalitat con De la Rosa.

En relación con el caso Cullell -Josep Maria Cullell, consejero de Política Territorial, que, según la transcripción de unas supuestas conversaciones telefónicas, intervino a favor de un negocio inmobiliario de su cuñado, Joan Vilaró, en el municipio de Sant Pere de Torelló-, Pujol dijo ayer que podrá demostrarse que la Generalitat no actuó incorrectamente en la recalificación de unos terrenos, pero se negó a opinar sobre el contenido de las supuestas conversaciones por su origen ilegal y por ser un asunto que afecta personalmente al consejero. El presidente señaló que confía en Cullell, pero que debe ser éste quien dé las explicaciones en el Parlament. Sólo después de estas explicaciones, Pujol tomará alguna decisión si es preciso hacerlo. El caso trascendió en septiembre, de 1993 (EL PAS del 12 de noviembre de 1993)

Cullell presentará una demanda civil en defensa de su honor contra el diario El Mundo y una querella criminal contra los responsables de las escuchas. Su departamento, por otra parte, instará una rectificación a ese rotativo por lo que califica de "inexactitudes" en la información que acompañaba la transcripción. El delegado de El Mundo entregará mañana al juez la cinta y su transcripción. Anoche, la oposición municipal de Sant Pere de Torelló pidió la dimisión del alcalde de la población y de Cullell y recordó que una hermana del cuñado del consejero, Maria Ángels Vilaró, desde su cargo en Bienestar Social de la Generalitat, promovió una escuela de jardinería para minusválidos en los polémicos terrenos. Proyecto que está paralizado.