Las irregularidades detectadas este año en el cobro del paro permitirán al Inem ahorrar 83.1900 millones
El Instituto Nacional de Empleo (Inem) ahorrará este año 83.672 millones de pesetas en prestaciones por desempleo por la detección de situaciones anómalas, gracias a la mejora de gestión. Los planes de control de irregularidades diversas que aplica el organismo afectarán a unos 829.000 perceptores de prestaciones en 1994 y darán lugar a 85. 172 bajas. A estas cifras de ahorro que maneja el Inem hay que sumar el importe, de las actas de infracción levantadas por la Inspección del Ministerio de Trabajo a empresas y trabajadores, que, previsiblemente, según confirman fuentes de la Inspección, superarán este año los 5.000 millones de pesetas. El Inem asegura que detecta irregularidades en el cobro de prestaciones en 10 de cada 100 casos que examina, si bien aclara que no todos los casos anómalos se pueden calificar de fraudulentos.
La Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo considera, respecto a las acciones de control del Inem, que no están orientadas al control del fraude "sino a la comprobación, análisis y seguimiento de los requisitos de acceso a la prestación". En otras palabras, pese al espectacular ahorro previsto por el Inem (cuyo presupuesto superará los dos billones de pesetas en 1995), según Trabajo se detectarán "irregularidades que impiden el derecho a la prestación o su disfrute, sin que esas situaciones, en la mayor parte de los casos, supongan hechos calificables de fraudulentos".De los 83.672 millones de pesetas de ahorro por detección de irregularidades que prevé el Inem para este año, 58.470 millones corresponden a bajas derivadas de acciones de control. Dentro de estas acciones "de control indirecto" se incluyen el control de presencia del parado en las oficinas de empleo y mediante cajero, además del control del subsidio agrario, el control de prórrogas en las prestaciones y los cruces de información con ficheros de otros departamentos de la Administración.
El ahorro previsto por el Inem en 1994 sólo por mejora en controles duplica el conseguido en 1993 (29.127 millones de pesetas). Ambas cifras, según explica la responsable de empleo de CC OO, Salce Elvira, son desconocidas oficialmente por los sindicatos, presentes en el Consejo General del Inem. La sindicalista rechaza de plano que las cifras de ahorro y bajas que maneja el organismo puedan identificarse ni siquiera de lejos con el concepto "fraude" y las achaca más bien a la reforma del mercado de trabajo y del sistema de prestaciones aprobado por el Gobierno en 1992, sin olvidar lo que califica de "carencias" organizativas del Inem. Elvira pone un ejemplo: el Inem contabiliza en sus estadísticas de "irregularidades" los pagos mensuales a parados que dejan de serlo a mitad de mes y a los que luego se reclama la, parte proporcional de lo ingresado "indebidamente".
Mejora de gestión
Por su parte, el secretario general de Empleo, Marcos Peña, opina que el ahorro previsto por el Inem en 1994 corresponde, en su mayor parte, al "ahorro derivado de mejora de gestión del organismo", sin que esté relacionado con situaciones de fraude en la percepción, de las que se encarga la Inspección del Ministerio de Trabajo.
En una cosa coinciden los responsables del Inem, de Trabajo y los sindicatos: a la hora de hablar de fraude en las prestaciones por desempleo, hay que tentarse la ropa y los términos. "Hay muchos casos" subraya el subdirector general de prestaciones del Inem, Eduardo Ruiz Muñoz, "en el que el desempleado incurre en una situación de irregularidad por desconocimiento y falta de información simplemente".
En cualquier caso, el Inem asegura que es prioritario combatir todas las situaciones anómalas si se pretende mantener el nivel de protección social. Por ello, el director general del Instituto, Alberto Elordi, considera que la tarea fundamental es "luchar contra el fraude en todos sus frentes, tanto en la vertiente del gasto como en la de los ingresos públicos".
Entre las medidas que adoptarán las autoridades del Inem para aumentar la eficacia en el control de irregularidades y fraude se encuentra la formación de un grupo de funcionarios del organismo que cobrarán incentivos por los resultados que obtengan en la investigación de fraudes en la percepción del subsidio y en el examen de otras líneas de defraudación en partidas sociales públicas.
Especialización
La especialización de funcionarios en la lucha contra el fraude en el desempleo ha proporcionado buenos resultados a la Inspección del Ministerio de Trabajo. Según Esperanza Cazorla, subdirectora del departamento, el 24% de la plantilla de la Inspección (991 administrativos, 816 controladores laborales y 581 inspectores) está especializada en la detección y el combate (le la economía sumergida y el fraude. La impresión más común es que los resultados de la especialización han sido alentadores.
Pero la detección de situaciones anómalas y de fraude puro y duro, que corresponde fundamentalmente a la Inspección del Ministerio de Trabajo al detectar anomalías muy graves, se enfrenta a importantes carencias. En el informe de julio de este año de la denominada Unidad especial para el estudio y propuesta de medidas para la prevención y corrección se señala que es "prioritario dotar de estructura y potenciar los recursos humanos destinados al control", así como potenciar la formación y el reciclaje del personal.
Este informe ha sido realizado por
Más de 114.000 inspecciones
En 1993, los inspectores de Trabajo, la "infantería" del frente contra el fraude, realizaron 114.082 visitas a empresas. Este año, hasta el mes de junio, las visitas se acercaban a 110.000. ¿Conqué resultados? En 1993 se levantaron unas 15.000 actas de infracción. De ellas, 8.600 lo fueron "de obstrucción" a empresas que obstaculizaron la labor supervisora de la Administración. Hasta junio de 1994, según los últimos datos de la Inspección, el número de actas de infracción ha aumentado en un 72,71% respecto al mismo periodo de 1993. En total, en dicho periodo, los inspectores, que actúan preferentemente en las zonas tradicionales de economía sumergida (Levante y Andalucía), han levantado 4.271 actas de infracción.
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