La Audiencia ordena ejecutar la condena de cárcel contra el alcalde de Mancha Real

El, alcalde de Mancha Real (Jaén), el socialista Alfonso Martínez de la Hoz, y siete vecinos de la localidad ingresarán la próxima semana en prisión si en los próximos tres días no recurren la orden de la Audiencia de Jaén que ayer ordenó la ejecución del fallo judicial que los condenó a más de cinco años de cárcel por los hechos ocurridos en mayo de 1991, cuando un grupo de manifestantes destrozó las viviendas de las familias gitanas del pueblo, después de que muriese en una pelea Ángel Arroyo. De nada ha servido por ahora la petición de indulto ni el recurso presentado ante el Constitucional contra la condena impuesta por el Supremo.Martínez de la Hoz y los siete vecinos fueron condenados por un delito de manifestación ilícita a un año de prisión y a más de años por los daños ocasionados a las viviendas durante la protesta callejera.

No irán a la cárcel los 10 concejales que en el momento de ocurrir los hechos formaban parte de la corporación municipal ya que la pena que les ha sido impuesta es de un año de prisión por manifestación ilícita y se les aplicará la condena condicional que supone que quedarán en libertad si carecen de antecedentes penales. No obstante, sí deberán cumplir la pena de destierro, impuesta, por un periodo de seis meses y un día.

El auto de la Audiencia de Jaén por el que se ordena ejecutar la sentencia del Supremo indica que no se puede suspender su aplicación basándose en que existe una petición de indulto piara el alcalde y los vecinos condenados, "pues no hay motivo piara ello ni está justificado suficientemente, ya que no existe ninguna causa de utilidad, equidad o conveniencia".

El auto añade que no se puede suspender la sentencia dada la gravedad y la alarma social que produjeron los hechos realizados por quienes piden la suspensión, y porque "nunca tuvo justificación de ninguna clase la acción que efectuaron". Esta acción, según el texto del auto, produjo "indudables perjuicios graves a las personas afectadas, las familias de etnia gitana que no han podido volver a Mancha Real.

Los condenados confiaban en que la petición de indulto y el recurso ante el Constitucional bastasen para que la Audiencia decidiera paralizar la ejecución de la sentencia, que se comunicó a los afectados el 5 de octubre. Aun así, todavía no se decretará su ingreso en prisión porque ante el auto de la Audiencia cabe un recurso, para el que los condenados tienen tres días.