Las promociones segregadas temen que la fianza haga peligrar las construcciones

La posibilidad de que los 15.000 cooperativistas que aún quedan del proyecto PSV reciban algún día la llave de su vivienda se enfrenta a un nuevo obstáculo: el juez Miguel Moreiras ha declarado a IGS-PSV responsable civil subsidiario para el pago de los 65.000 millones de fianza. El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, y el diputado de IU-IC Ramón Espasa criticaron ayer la cuantía de la fianza.Solana la considera "desproporcionada". Espasa cree que es "excesiva" y una muestra del "posicionamiento político" de Moreiras. "La fianza, al hacer a PSV responsable subsidiario, hace peligrar la construcción de las casas", asegura Adolfo Alvarado, representante de los cooperativistas de Madrid-Sur.

La indignación de Alvarado se apoya en un dato. El lunes, a la vez que Moreiras fijaba una fianza de 65.000 millones de pesetas impuesta a Carlos Sotos y a otros tres antiguos directivos de la cooperativa del sindicato UGT, la promoción segregada de Madrid-Sur llegaba a un acuerdo con las constructoras para reiniciar las obras el próximo día 15. Después, explica que terminaron de pagar las letras en febrero y que prevén concluir unas 300 viviendas en cuatro meses y las restantes -de las ya iniciadas- en 10 meses.Declarar a PSV responsable subsidiario es, en opinión de José Luis Aramburu, de la asociación Ascova de Valdebernardo, "una aberración que sólo garantiza el derecho de unos pocos que quieren abandonar su vivienda". Su representante, Juan Ramón Montero, de la Asociación de los Dados de Baja, se apresuró el lunes a respaldar la decisión de Miguel Moreiras.

Julián Martín, presidente de la federación de Asociaciones de Cooperativas y portavoz de las promociones segregadas, se suma a los críticos. "No se pueden defender los intereses de los cooperativistas a costa de los propios cooperativistas", afirmó ayer. Por ello, esperan que hoy "el juez matice o explique qué implica la responsabilidad subsidiaria de PSV". Mañana decidirán que acciones tomar, entre las que no descartan personarse en contra de la decisión de Moreiras. Tal como entienden el auto, éste paraliza las promociones que ya están en marcha y amenaza seriamente el proyecto. Es la respuesta de los cooperativistas que veían una puerta abierta tras el proyecto de segregación de PSV en 70 pequeñas cooperativas y que ya han visto colocar más de un ladrillo. Hasta ahora se han segregado 25 cooperativas (véase cuadro) que agrupan a unos 3.000 socios. Estos han aceptado la derrama del 7% que ronda entre las 700.000 pesetas y el millón de más) para reiniciar las construcciones.

El problema es que de las 19.282 viviendas comprometidas por PSV con sus socios sólo quedan vivos (no se han dado de baja) unos 15.000. Éstos han aportado 35.000 millones de pesetas para la construcción de sus viviendas. Las obras con este fin, mientras, están a medias alrededor de 2.850 viviendas, a lo que hay que sumar las casi 1.400 que ya se han entregado. Las restantes no han visto ni un ladrillo