El Tribunal de Cuentas podrá investigar a las empresas vinculadas a los partidos
El Gobierno propondrá que el Tribunal de Cuentas tenga facultades para examinar la contabilidad privada de las empresas relacionadas con los partidos políticos. Ésta es una de las medidas presentadas por el Gobierno en el proyecto de reforma del Tribunal de Cuentas, unido a la ley de financiación. Los partidos, a excepción de IU, están abiertos a la financiación privada, aunque sólo de particulares.
En lo que hay unanimidad es en que la financiación pública garantiza la independencia de los partidos con respecto a los grupos de presión, según reconoce el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo.El proyecto de nueva ley de los partidos políticos que prepara el Ministerio de la Presidencia estará en línea con los trabajos de la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación irregular del PSOE, por el caso Filesa, y del PP, por el caso Naseiro, pero cuyo objetivo último es reformar la actual ley de financiación del año 1987. Todos los partidos están deacuerdo en que el Tribunal de Cuentas tiene que desempeñar un papel más decisivo en la fiscalización de las cuentas.
El Gobierno adelanta que el Tribunal de Cuentas debe tener competencias para examinar la contabilidad privada de quienes mantengan relaciones comerciales con los partidos. La reforma del Gobierno pretende también la instauración de procedimientos de coordinación eficaces entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas que los tengan establecidos para evitar duplicidades, dejando claro el papel de órgano superior de control del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del Estado.
El Gobierno da un paso en relación con anteriores postulados, ya que pretende que en la nueva legislación de financiación se suprima el carácter absolutamente restrictivo que ahora tiene respecto a la financiación privada. La doctrina elaborada de antiguo por el portavoz de CiU, Miquel Roca, según la cual debe abrirse la mano a las donaciones privadas, aunque con absoluta transparencia en cuanto a su procedencia, ha calado en el Gobierno.
No obstante, los socialistas sólo prevén, de momento, las donaciones individuales, pero no de empresas, o sociedades. Aun así, se considera que la financiación, pública, con varios miles de millones cada año, continuará siendo el grueso del soporte de los partidos.
El PP está abierto a la financiación privada como principio teórico y la apoyará sin reservas, pero encuentra algunas dificultades prácticas, según expresa el diputado Jaime Ignacio del Burgo, representante del PP en la comisión de investigación de partidos, presidida por Luis Mardones de Coalición Canaria.
En principio, Del Burgo es partidario de la actual ley de financiación, ya que, aunque pueda tener aspectos criticables y subsanables, no le cabe la menor duda de que, al ser pública, garantiza "un grado alto de transparencia".
Al venir la financiación de los Presupuestos del Estado, alega, la vigilancia está asegurada. El aspecto que también destaca es de la independencia que proporciona a los partidos el hecho de estar financiados por dinero de todos, y al margen de los grupos de presión. El diputado popular recuerda que esta ley fue aprobada por unanimidad en 1987.
"Ahora se habla de la financiación de partidos por los casos de corrupción, y en concreto por el caso Filesa, cuando precisamente si se demuestra que ha habido irregularidades, lo fueron contra la ley que está vigente; la ilegalidad vendrá por la vulneración de la actual ley de financiación de partidos". Cuando esta ley no existía, asegura Del Burgo, "los maletines con dinero iban y venían".
