Tibidabo tiene un "agujero" de 1.000 millones en Sierra Nevada Holding
En Grand Tibidabo las sorpresas se producen día tras día. En teoría, la sociedad poseía una participación del 100% en la empresa Sierra Nevada Holding, con sede en el paríso fiscal de Hamilton (islas Bermudas). Allí, Grand Tibidabo había invertido 967 millones de pesetas en 1991 y así figuraba incluso en el balance de la sociedad correspondiente a 1993.Sin embargo, diversas fuentes consultadas afirman que ese dinero se ha evaporado sin que esa sociedad haya llegado a realizar ninguna inversión en favor de Grand Tibidabo. Las mismas fuentes han asegurado que el dinero fue utilizado, vía Suiza, para pagar los intereses de un crédito ajeno a Grand Tibidabo, es decir, ajeno a sus 9.000 pequeños accionistas.
Tras este nuevo descuento, los activos de Grand Tibidabo quedan reducidos al Parque de Atracciones Tibidabo de Barcelona, el holding Bamsa -del que dependen las sociedades Assis Ofimueble, Marina Barcelona 92 y la juguetera Diset- y los terrenos de la urbanización Guadalmina, cuyo valor en libros es de 7.600 millones de pesetas, cifra que se considera sobrevalorada.
Sede social
Muchas de estas propiedades se encuentran hipotecadas o en garantía de diferentes operaciones. Este es el caso de la sede social de Grand Tibidabo, situada, en la avenida Diagonal de Barcelona, sobre la que pesa una hipoteca con el Banco Zaragozano.
El otro frente abierto para la sociedad es el pago de los intereses de las obligaciones convertibles, que ya se convirtió en la espoleta de la crisis de la sociedad, en junio pasado. El Consejo de Administración de Grand Tibidabo, que está presidido por Juan Cruells -nombrado el pasado mes de junio a propuesta de Javier de la Rosa-, pretende que los titulares de las obligaciones acepten aplazar el cobro de los intereses y admitan como garantía de las obligaciones los mencionados terrenos de Guadalmina.
El problema para los obligacionistas de Grand Tibidabo esque, en el caso de aceptar la mencionada garantía, si se produjera el impago de las obligaciones se convertirían en propietarios de los terrenos de Guadalmina, pero quedarían incapacitados para reclamar el pago directo de las deudas.
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