El impago creciente de cuotas recorta el 40% de los ingresos de las Cámaras de Comercio

Las Cámaras de Comercio tienen ahora un índice de impago de cuotas superior al 40% y el índice se disparará muy por encima del 50% en 1995, según los cálculos del Consejo Superior de Cámaras. La escalada de impagos tiene su origen en la sentencia de inconstitucionalidad emitida recientemente contra la Ley de Cámaras de 1911. Para compensar esta pérdida de ingresos, la Administración considera en estos momentos dos soluciones: incluir en el Presupuesto de 1995 un crédito extraordinario por un importe aproximado de 13.000 millones de pesetas o conceder un aval del Estado.

Para decidir qué vía se elige y para proponer las reformas convenientes en la Ley de Cámaras de 1993, el Gobierno ha decidido formar una Comisión Interministerial en la que participan Antonio Zabalza, por parte de la vicepresidencia del Gobierno Alfredo Pastor, Secretario de Estado de Economía y José Ángel Serrano, subsecretario del Ministerio de Comercio, en teoría el departamento que tiene que producir los cambios en la Ley de 1993.El Tribunal Constitucional sentenció la inconstitucionalidad de la afiliación obligatoria según la Ley de Cámaras de 1911. La sentencia ha generado un aumento del impago a las Cámaras tanto por la declaración de inconstitucionalidad como porque a pesar de la sentencia, aquellas empresas que no hubieran recurrido a los tribunales contra el pago obligatorio antes de conocida la opinión del TC no pueden reclamar las cuotas pagadas.

Grandes maniobras

El Consejo de Cámaras espera que en 1995 se multipliquen los recursos de amparo contra el pago de cuotas a las Cámaras según la ley vigente de 1993; de forma que la morosidad se disparará. La supervivencia de algunas Cámaras puede ser problemática.En esta atmósfera de crisis severa -jurídica y económica- de las Cámaras se desarrolló el último conflicto interno en las Cámaras, protagonizado por el presidente del Consejo, Guillermo de la Dehesa, y el presidente de la Cámara de Madrid, Adrián Piera. El violento enfrentamiento se saldó momentáneamente con la voluntad de Piera de acatar las decisiones de la mayoría de las Cámaras.

Para entender la guerra intra Cámaras hay que situarse en junio de este año, después de la sentencia del TC sobre la Ley de 1911. El presidente del Consejo Superior de Cámaras, Guillermo de la Dehesa, se pone en contacto con el Gobierno (Economía y Comercio) para transmitir su convencimiento de que la Ley vigente debía ser modificada (incluye, igual que la de 1911, la afiliación y el pago obligatorio de cuotas) y, en virtud de la escalada esperada de defecciones de empresas que dejarían de pagar sus cuotas, procurar una financiación transitoria para los organismos colegiales a través de partidas presupuestarias.

Las propuestas del Consejo son bien acogidas por el Gobierno. De la Dehesa propone que las Cámaras reciban del Presupuesto en 1995 exactamente lo que aumenta el ingreso de Hacienda al desaparecer la exención fiscal por pago de cuotas. Las Cámaras valoran esta cantidad en 8.000 millones de pesetas y Hacienda, que computa una morosidad en aumento, en 5.000. Además, de la misma forma que CEOE, por ejemplo, las Cámaras piden 4.000 millones al ICEX por la tarea de fomento de las exportaciones y 1.000 millones por las tareas de formación profesional. Todo de forma transitoria mientras se aclara la situación jurídico-constitucional.

A punto de un acuerdo, terció Adrián Piera, presidente de la Cámara de Madrid. Ante Solbes, Gómez Navarro y el propio Felipe González, en franca contradicción con las propuestas del Consejo, Piera defiende una tesis aparentemente "más liberal": debe defenderse la Ley de 1993 y no buscar otros cauces de financiación mientras no se conozca la sentencia del TC. Piera "repudia" la financiación tránsito:)ria en el presupuesto ante el presidente del Gobierno 24 horas antes de que el Consejo (le Cámaras, con Guillermo de la Dehesa a la cabeza, y el propio Piera entre los delegados, sea recibido en Moncloa.

El Gobierno, a raíz de este incidente, retrocede. La financiación por presupuesto, aunque sea transitoria, puede ser mal interpretada por el TC. Tampoco es el modelo que se lleva en Europa. Mientras, el Comité Ejecutivo de las Cámaras reconviene a Adrián Piera y consigue el acuerdo mayoritario de ratificación en las líneas planteadas por De la Dehesa.