Encaje de bolillos

La reforma de los alquileres también ha tenido un jugosa intrahistoria política. Era una auténtica patata caliente que sólo se podía afrontar si se tenían la convicción y las ganas de alcanzar un amplio consenso. Y más cuando, a partir de las elecciones generales de junio de 1993, el PSOE perdió la mayoría absoluta en el Parlamento. Una ley como ésta es de las que dan o quitan muchos votos.Esas elecciones fueron, pues, determinantes para que el proyecto de ley sufriera los cambios con los que va a llegar esta semana al Congreso para su aprobación definitiva. Las modificaciones, fruto de intensas negociaciones entre todos los partidos a lo largo de los trámites de Congreso y Senado, han afectado tanto al régimen que afecta al alquiler de las viviendas como al de los locales de negocios. Las diferencias en los arrendamientos de viviendas se circunscribieron, básicamente, a dos aspectos. La duración del contrato y el alcance de la actualización de las rentas.

De cuatro a cinco

La propuesta original del Gobierno y del PSOE era que los nuevos contratos de alquiler de viviendas tuvieran una duración mínima de cuatro años. No obstante, y tras conversaciones con PP y CiU, se adoptó una fórmula que, sin modificar la intención de la anterior, se aproximaba más a la propuesta del partido que preside José María Aznar: cinco años mínimo, renovables anualmente.

El segundo punto de fricción fue determinar dónde debía comenzar la actualización de la renta de los alquileres. Aquí se produjeron varios cambios de postura, para, finalmente, regresar al origen. En el actual mercado del alquiler español conviven, a grandes rasgos, tres situaciones distintas: los contratos anteriores a 1964, los comprendidos entre 1964 y 1985 y los posteriores a 1985. El debate se centraba en si la actualización se circunscribía sólo a los contratos anteriores a 1964 o se aplicaba también a los previos a 1985. Esta extensión podría presentar problemas de inconstitucionalidad, planteados desde IU-IC. Por ello, en el debate del Congreso triunfó la tesis de la actualización reducida.

No obstante, durante las negociaciones previas a la entrada del proyecto de ley en el Senado se dio marcha atrás y se volvió a la posición de partida. Actualización para todos, excepción hecha de las personas o familias de bajos ingresos. La excepción no será sólo para ellos, sino para sus caseros, que disfrutarán de bonificaciones fiscales por tenerlos como inquilinos.

Las escasas diferencias entre las principales formaciones políticas -menos IU-IC, que parte de una concepción distinta de lo que debe ser el mercado del alquiler- sobre los arrendamientos de vivienda fueron mayores en los locales de negocios.

A vueltas con las farmacias

La reforma de los alquileres de los locales de negocio ha sido, realmente, el gran caballo de batalla entre los partidos políticos en la larguísima tramitación del proyecto de la LAU. La cerrada defensa de CiU de los intereses de los botiguers -pequeños y medianos comerciantes, es decir, el sostén de su electorado- provocó serias diferencias con sus socios socialistas, con duras amenazas cruzadas, protagonizadas incluso por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Finalmente, todo se saldó con un amplio consenso, contestado sólo parcialmente por el PP. "Estamos ante un claro ejemplo de clientelismo político", no para de recalcar el diputado conservador Luis Ortiz, quien, por otra parte, comulga con el conjunto del proyecto de ley. Igual que PSOE, CiU, PNV o Coalición Canaria.

El único punto en el que los intereses han podido más que las negociaciones ha sido el tratamiento excepcional que el proyecto de ley otorga a farmacias, estancos y administraciones de loterías. Estos establecimientos quedan fuera de su ámbito, gracias a los votos en el Senado de PP, CiU, y Senadores Nacionalistas Vascos y a pesar de la oposición de PSOE e IU. Sin embargo, esta situación puede cambiar el próximo jueves en el Congreso. Si PSOE e IU vuelven a unir sus votos, farmacéuticos, estanqueros y loteros no tendrán más remedio que regirse por la misma ley que el resto de inquilinos y caseros españoles.