Socios del empresario preparan una defensa autónoma

B. C.Socios de Javier de la Rosa que pueden resultar implicados por algunas de las operaciones de éste en su gestión al frente de Grand Tibidabo preparan una estrategia de defensa basada en la autonomía respecto al financiero.

Son varios los despachos de abogados de Barcelona que en los últimos días de la semana pasada han sido consultados por socios del financiero, en previsión de que en el curso de la investigación judicial sean inculpados por alguna de las transacciones supuestamente irregulares de De la Rosa. Para esta semana ya están previstas algunas citaciones, que se iniciarán el martes.

Con vistas al procedimiento penal, varios de los socios de De la Rosa que pueden verse implicados mantienen una postura de total independencia, tanto frente a los intereses del propio financiero como frente a su abogado defensor, Joan Piqué Vidal.

Fuentes conocedoras de estos contactos han subrayado que se rechaza algo parecido a una defensa colegiada. Eso ocurrió, por ejemplo, en el proceso de Banca Catalana, en el que Piqué Vidal -que representó al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol- llevaba la voz cantante.

En el caso de De la Rosa, un letrado precisó que no se quiere que los intereses y la estrategia de De la Rosa y Piqué Vidal primen sobre los de cada una de las personas que puedan verse también involucradas, ya sea por partícipes directos, por colaboradores necesarios o por encubridores.

Festival de acusaciones

Cosa distinta es lo que pueda ocurrir con las acusaciones particulares. En el juzgado y la fiscalía se teme que el procedimiento dé lugar a una comparecencia masiva y variopinta de acusadores particulares y de acciones populares. Hasta ahora, los que van personándose son accionistas perjudicados por la gestión del financiero. El letrado Javier Nart representa a una cincuentena de ellos.

Lo que preocupa es que el procedimiento se pueda enrarecer, por ejemplo, con la personación como parte acusadora de algún partido político. La comparecencia de múltiples acusaciones particulares en un proceso comporta, frecuentemente, una dispersión en la investigación de lo que se considera estrictamente delictivo.