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EL LABERINTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Los muertos, ¿dónde están?

La belleza de los cementerios enmascara el dolor que yace bajo las tumbas, un dolor que en ningún otro sitio es tan palpable como en Galicia, donde las sepulturas de piedra emergen de la tierra para confundirse en la penumbra nebulosa. La cultura de la muerte tiene aquí una envoltura dramática que gravita con crudeza sobre más de sesenta vecinos de Santiago de Compostela. "Nos han profanado las tumbas", dice María del Carmen Montero López, una de las querellantes contra el Ayuntamiento de su ciudad.La historia del camposanto de Santo Domingo arranca en la dictadura (año 1969), cuando la alcaldía decidió clausurarlo y convertir la magnífica colina que ocupa en las afueras de la ciudad en parque público. Mediante un edicto se propuso a los propietarios de sepulcros su permuta por otras tumbas en el cementerio de Boisaca, de nueva creación, corriendo los gastos de traslado por cuenta de los interesados.

Hubo muchos que aceptaron la permuta, pero otros muchos, tantos como 10.000, o no se enteraron de la oferta municipal o se resistieron a aceptarla.

El abogado Ramón Jorge País asumió la defensa de estos últimos, en número de unos sesenta. La Audiencia de La Coruña desestimó sus pretensiones, pero no así el Tribunal Supremo, en cuya sentencia del 17 de octubre de 1972 dijo que revocaba los acuerdos municipales sobre la permuta forzosa de las tumbas y la extinción de las propiedades; reconocía, además, el derecho de los recurrentes a que, en caso de desacuerdo sobre las indemnizaciones que ofrecía la Corporación, se procediera a la apertura de expedientes de expropiación forzosa para abonar el debido justiprecio.

Fosas comunes

"El Ayuntamiento ha hecho caso omiso de la sentencia", asegura Ramón J. País. "Empezaron suprimiendo la guardia y al poco tiempo comenzaron a aparecer sepulturas abiertas con el grave peligro que ello supone para la salud pública. Desde que ganamos el pleito ante el Supremo no he cesado de hablar con los sucesivos alcaldes -hasta seis o siete-, pero ninguno de ellos sabe nada del asunto. Según la sentencia, tenían que haber sido expropiadas 10.000 sepulturas. Nada se ha cumplido. Luego vino la inauguración del parque con todo tipo de pompas, incluidas esculturas de Chillida, a costa de cuatro desgraciados".

País cree que ninguna Corporación puede prescindir de dirigirse a cada uno de los propietarios de sepulcros, debidamente registrados, para proponerles cualquier oferta. "¡Es inconcebible y una auténtica sinvergonzonería que un alcalde decida llevarse un cementerio de un lado a, otro y el que no quiera que se aguante!".

"Se trata de un allanamiento y una profanación de tumbas y, si a un delincuente cualquiera se le castiga por actuaciones como ésta, yo exijo para los alcaldes de Santiago el mismo tratamiento que para los delincuentes", dice enojada María del Carmen Montero López, una de las afectadas. "¿Cómo le voy a decir a mi madre -Carmen López Rey-, de 80 años, que no sabemos dónde están los restos de sus padres y sus hermanos?, ¿en fosas comunes? Nuestra sepultura era de propiedad privada, tenía numeración. Creemos que los restos de nuestros familiares los han depositado en fosas comunes".

María del Carmen ha intentado establecer contactos con algún concejal para que le dé alguna explicación, sin éxito. (Lo mismo le ha ocurrido a este periódico). También ha recurrido al Defensor del Pueblo gallego, de quien espera una respuesta.

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