El fiscal del Estado reabre el 'caso Renfe', paralizado por el juez Moreiras

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ha ordenado a la fiscalía de la Audiencia Nacional una investigación sobre presuntos delitos contables en Renfe detallados en un informe elaborado y después enterrado por el Tribunal de Cuentas. Esta reciente decisión resucita judicialmente el caso Renfe, paralizado de hecho por el juez Miguel Moreiras en 1992. El escándalo forzó el cese del entonces ministro de Sanidad, Julián García Valverde, ex presidente de Renfe.

En junio de 1992, el juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, interrogó al ex director de Renfe Julián García Valverde y no formuló cargo alguno contra él. Días después, el propio Moreiras anunció el sobreseimiento de la causa. A la vista de la documentación del Tribunal de Cuentas remitida a la Audiencia Nacional y de la iniciativa de la Fiscalía General del Estado, esta investigación se reactiva.La iniciativa de la fiscalía supone también un varapalo a la inicial decisión de altos cargos del Tribunal de Cuentas de aparcar el citado informe sobre la gestión en Renfe, elaborado por Eduardo Navarro, y sustituirlo por otro de conclusiones más suaves. En este extraño proceso, intervino Rafael Iglesias Lachica, jefe de Navarro en el Tribunal de Cuentas y hermano de Leopoldo Iglesias Lachica, que era directivo de Renfe en la época de las presuntas irregularidades. Navarro, además, cesó en su puesto y fue desplazado a otro destino como funcionario.

La modificación del informe fue difundida por este periódico la pasada primavera y, a raíz de ello, el Tribunal de Cuentas abrió una información al respecto. Paralelamente, Eduardo Navarro formuló una denuncia sobre tales irregularidades ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas. Este organismo elaboró un informe que remitió el pasado septiembre al fiscal general del Estado.

La fiscalía del Tribunal de Cuentas advierte que no ha entrado en la "individualización de los presuntos responsables, que dilatarían esta información, pues es presumible que pudiera llegarse a altas esferas de Renfe y otros gestores de la misma y sus filiales, así como a sus particulares", cuyo interrogatorio, añade, corresponde al juzgado.

La denuncia se refiere a tres grupos de hechos: operaciones inmobiliarias de Equidesa, filial de Renfe; contratos y facturación supuestamente ficticios a Catertren; y, por último, supuesta falsedad en actas de conciliación del IMAC (Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación). El fiscal del Tribunal de Cuentas pidió la investigación por vía penal de lo relativo a Equidesa, pero no así de los otros dos aspectos, por hallarse planteado su esclarecimiento en otras instancias, a pesar de estimar que no están justificados los pagos a Catertren por valor de 525 millones de pesetas y que se simularon despidos con presunto quebranto para el erario público.

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