Los tres niveles de una ambigua alianza

Sin duda, la distribución de competencias del actual Estado de las autonomías es un tema abierto, no ya por el paso del tiempo, sino sobre todo por la nueva e incierta arquitectura política europea; el Gobierno tiene razón al señalarlo. Puede también -y los vascos, por ejemplo, tienen también razón al señalarlo- que los estatutos no hayan sido desarrollados suficientemente, si bien el vuelco dado a la organización política local es absoluto (reléase, por favor, La redención de las provincias) y, matices aparte, muy positivo. Pero una cosa es cerrar técnicamente la distribución de competencias y otra la reclamación nacionalista de otro marco político constitucional. Es esa ambivalencia entre aceptación y rechazo lo que enturbia las relaciones entre el PSOE y los nacionalistas generando una considerable confusión que se ha ido plasmando en tres estrategias que hoy se mezclan y confunden.En el primer nivel, el más obvio (y que era dominante en los años 1978-1986 de construcción del Estado de las autonomías), los partidos nacionales se oponían a los partidos estatales, y viceversa. Los recursos contra las leyes orgánicas se acumularon en el Tribunal Constitucional y se elaboró una ley (la LOAPA) para rediseñar el marco autonómico. La dinámica continúa, por supuesto, pues los nacionalistas no dejan de reclamar contra "España", ya que de ello extraen su legitimidad y votos. Roca lo dijo antes del verano con frase ambigua: "El objetivo no es nada, el camino lo es todo".

En el segundo nivel (que emerge a mediados de los ochenta y se superpone con el primero) la oposición resulta encubrir un alto nivel de acuerdo político. Alianza justificada en gran medida, pues el proyecto modernizador del PSOE ha encontrado en numerosas ocasiones el apoyo del proyecto modernizador de CiU o del PNV. Pero alianza perversa en ocasiones, pues si al PSOE le interesa la existencia de partidos nacionalistas que contengan un avance conservador, CiU o el PNV se alían con Madrid para frenar a sus fuerzas conservadoras (pero también socialistas). De lo que, por supuesto, se resienten los socialismos catalán y vasco (por cierto, ¿cuándo entra esta política en rendimientos netos decrecientes?) y que conduce a lo que los italianos han llamado la "lotización" del poder: manos libres en tu territorio a cambio de manos libres en el mío. Sin duda, una de las causas de la tangentópolis italiana, una sospecha permanente en España y hoy, desgraciadamente, una certeza ante el bloqueo parlamentario que impide el análisis de los casos tragaperras, Casinos, Planasdemunt y otros.

Y hay finalmente un tercer nivel abierto por las elecciones de 1993: la colaboración de los nacionalistas en el Gobierno de España. Por supuesto, que CiU (o el PNV) contribuya a la gobernabilidad de España es algo muy positivo. ¿Acaso no son también España? Pero que lo haga sin comprometerse seriamente muestra su desconfianza hacia aquello en lo que dice confiar, y exhibe la ambivalencia de su programa político real. Pues ciertamente se justifica mal (aquí, pero también allí) que gobierne (directa o indirecamente) un partido como CiU que considera la Constitución -como ha dicho Pujol- "insuficiente". Y no se justifica que pueda gobernar un partido como el PNV, que se declara nada menos que "desleal" a la Constitución. Es cierto que unos y otros han dicho, antes y después, que acatan la Constitución; faltaría más. Pero también es cierto que unos y otros han dicho, dicen y exhiben en ocasiones lo contrario.

Estar sin estar, apoyar recelando, confiar desconfiando, todo ello es muy alambicado. Y es lógico que los ciudadanos observen el juego y sus alianzas con recelo, como observaron en su día la confusa confusión de la Operación Roca. Por lo demás, ¿qué ganan catalanes o vascos con esta ambivalencia que enturbia la confianza, política (y económica, no se olvide) en sus naciones? Por el contrario, sí sé que ganamos todos cuando, como ha ocurrido en el Senado por parte de Jordi Pujol, no sólo se dice sino que se exhibe aprecio y lealtad a la Constitución. La misma Constitución que le sustenta.