El PP eleva a 370 millones lo recibido por las empresas del 'caso Ibercoop'
El Partido Popular en la Asamblea de Madrid situó ayer en 370 millones la cantidad de dinero recibida desde 1990 a 1993 por el grupo de cinco empresas en cuyos consejos de administración figura un ex socio del actual director regional de empleo, Juan Navarro Barrios (véase El País Madrid de ayer y del pasado domingo). Esas firmas han recibido de la Dirección Regional de Empleo 157.146.606 pesetas en concepto de subvenciones y otros 213.523.582 pesetas por contratos directos, según asegura el PP. El Gobierno regional responderá hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid a las tres preguntas que sobre este caso ha formulado el PP. Antonio Beteta, portavoz del PP en la Asamblea, fue ayer muy duro en la calificación de este caso y utilizó terminos tan rotundos como "fraude", "mafia empresarial", "artificios financieros", "ficción jurídica". Tanto Beteta como la diputada del PP, Carmen Álvarez del Arenas, que dice haber investigado el caso Ibercoop, acusaron a Navarro de tráfico de influencias. El PP ha pedido una comisión de investigación e IU ha solicitado la comparecencia urgente del director general. El presidente regional, Joaquín Leguina, calificó ayer las acusaciones del PP como "cortina de humo para tapar lo sucio que está Madrid".PASA A LA PÁGINA 3
El consejero de Economía explicará hoy las relaciones de su director de Empleo con Ibercoop
VIENE DE LA PAGINA 1El caso Ibercoop ha estallado como una bomba en el seno del Gobierno regional que. preside Joaquín Leguina. El Consejo de Gobierno, alertado ante el posible escándalo, debatió este asunto el jueves de la semana pasada, y entonces el consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, convenció a Leguina y a algunos de sus compañeros de gabinete con sus explicaciones. En aquel momento la discusión se limitó a la concesión de dos subvenciones a la empresa Ibercoop, fundada por el director regional de Empleo y otros socios varios años antes de que éste accediese al cargo, el 8 de noviembre de 1989. Juan Navarro se dio de baja en la licencia fiscal como trabajador de la cooperativa Ibercoop en 1987 y de su accionariado dos años después.
El Consejo de Gobierno, que se celebrará hoy, abordará el asunto con sus nuevas derivaciones. Leguina ha ordenado que no se produzca ningún tipo de declaraciones sobre este caso, y ayer fue el único que habló. Durante unos encuentros juveniles celebrados en Rasca fría, calificó de "folletín por en tregas" las denuncias formula das contra la Consejería de Economía por la concesión de esas subvenciones, informa Vicente G. Olaya. "Es como una novela de Rafael Pérez y Pérez, escritor del siglo XIX, que en tregaba todas las semanas un folletón", dijo. El presidente de la Comunidad aseguró también que el PP ha lanzado esta cortina de humo "para que no se hable de otras cosas, por ejemplo, del ruido y de la suciedad que hay en Madrid o de lo mal que lo está haciendo el Ayuntamiento". Leguina aseguró que estaba de acuerdo en crear una comisión de investigación, "aunque siempre se plantea la duda de quién investiga a los investigadores". El presidente regional auguró una respuesta contundente en este asunto, "tanto si el PP tiene o no razón en sus denuncias".
En la Consejería de Economía se remitieron a lo que debe suceder esta tarde durante el pleno de la Asamblea. El PP presentó el martes en la junta de portavoces una serie de cuatro preguntas al Consejo de Gobierno para esclarecer las relaciones de Navarro con las empresas subvencionadas des de su dirección, y especialmente con Ibercoop. Todos los partidos -Incluso el PSOE- aceptaron su inclusión en el pleno. El consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, está molesto, sin embargo, por tener que contestar hoy a esas preguntas, cuando la comparecencia urgente solicitada por el propio Navarro para acudir a la Comisión de Economía del Parlamento tardará varias semanas en producirse.
Antonio Beteta, el portavoz del PP, reclamó el pasado martes al presidente del Tribunal de Cuentas el informe provisional sobre la gestión de la Comunidad en 1991 -el más reciente- para ratificar la veracidad de una posible irregularidad observada por este tribunal en la concesión de subvenciones a Ibercoop. El Tribunal de Cuentas investiga (veáse EL PAÍS del domingo) si Juan Navarro incurrió en una infracción tipificada en la Ley de Incompatibilidades al acordar esas ayudas a su ex empresa. El presidente en funciones del tribunal, Ciriaco de Vicente, contestó ayer señalando que no podía ofrecer esa documentación porque no ha sido aprobada definitivamente en el pleno de este organismo.
Beteta y Carmen Álvarez Arenas, la diputada encargada de desentrañar esta madeja de empresas, han reclamado además una comisión de investigación para determinar exactamente tanto el número de ern-. presas implicadas como los departamentos que las subvencionaron. El PP sospecha que otro organismo de la Consejería de Economía -el In9tituto Madrileño de Desarrollo (Imade)- ha concedido también ayudas a las firmas implicadas. «De este punto tan sólo ofrecieron sus sospechas porque el Imade, al ser un ente público, no inscribe sus subvenciones en el registro de la Comunidad.
Trato de favor
El PP explicó ayer que algunas empresas de las citadas justificaban sus gastos, para reclamar las subvenciones, con facturas falsas cruzadas de otras empresas del grupo Ibercoop.
Álvarez Arenas apuntó que, al margen de las subvenciones directas, la Consejería de Economía había propiciado un trato de favor hacia esas empresas con la contratación de trabajos de asesoramiento. La diputada mostró documentación procedente, por ejemplo, de la Asociación Empresarial de Comercio e Industria del Metal (AECIM), mediante la cual se otorgaba la ejecución de todos los programas de asistencia técnica para posibles subvenciones a sus asociados a Ibercoop.
El PP pidió ayer la dimisión de Navarro.
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