El Defensor del Pueblo denuncia a 24 instituciones por falta de cooperación

La titular en funciones del Defensor del Pueblo denunció ayer en las Cortes la falta de cooperación de 24 entidades autonómicas y locales ante los requerimientos que les ha formulado para resolver quejas de ciudadanos. Margarita Retuerto compareció, por segundo año en calidad de interina, a presentar el informe anual de la institución. La titularidad del Defensor permanece vacante desde hace 19 meses. Retuerto rehusó pronunciarse sobre su candidatura al puesto, que ha sido sugerida por el PNV.

La mayoría de las entidades públicas suelen cooperar con las demandas que el Defensor del Pueblo formula en su tarea de dar respuesta a las quejas de personas que buscan su apoyo, pero no todas lo hacen. Algunas, incluso, reaccionan con hostilidad, según denunció ayer Margarita Retuerto.La lista de estas instituciones que no han contestado al Defensor fue entregada al presidente de la comisión mixta Congreso-Senado, encargada de seguir de cerca la gestión de la institución. Encabeza esta lista la Comunidad Autónoma de Madrid con dos de sus consejerías, la de Política Territorial y la de Integración Social, por quejas inatendidas relacionadas con expropiaciones, viviendas y subvenciones.

La consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía tampoco ha respondido a dos peticiones relativas también a la vivienda. Los colegios de abogados de La Rioja y Guadalajara son las dos corporaciones de derecho público que aparecen denunciadas en el informe. Ambos han rechazado explicar denuncias sobre actuaciones de letrados.

La lista de ayuntamientos que han dejado sin esclaracer asuntos planteados ante el Defensor por deficiencias municipales es más numerosa. Figuran en la misma Pola de Gordón (León), Salvadios y La Adrada, de Ávila, y Santa María de la Alameda, Miraflores de la Sierra, Collado Mediano y Robledo de Chavela, de Madrid.

La relación se completa con los ayuntamientos de Santander, Cardona (Barcelona), Vera (Almería), Pliego (Murcia), Anguciana (La Rioja), Tielve de Cabrales y Piloña (ambos de Asturias); Chiva y Villamarchante, de Valencia; Ribera del Fresno (Badajoz), La Nucia (Alicante) y Villar de Samaniego (Salamanca).

Salvo excepciones, se trata de ayuntamientos pequeños que mantienen con sus convecinos litigios sin revolver, asociados al abastecimiento de agua potable, infracciones urbanísticas, vertidos incontrolados, alumbrado, teléfonos públicos y tasas.

Este remoloneo no empaña la tónica general de la gestión del Defensor, que pudo resolver 18.183 quejas de las 22.984 que se presentaron en 1993 (algunas de ellas estaban pendientes desde el año anterior). Retuerto sostuvo que la interinidad no ha pesado en la actividad del Defensor, y así se lo reconocieron todos los grupos parlamentarios. Ninguno escatimó, elogios a su tarea.

Todos ellos manifestaron su acuerdo en favor de una reforma del estatuto que regula la institución para dar entrada a la posibilidad de exigir responsabilidades a las administraciones que no cooperen, en la misma línea que recoge el anteproyecto de Código Civil, que ha incluido la penalización de estas actuaciones.

Retuerto hizo hincapié en el esfuerzo realizado para preservar el derecho a la intimidad de los menores y los reclusos, así como ensendos recursos al Tribunal Constitucional sobre cuestiones que afectan al uso de datos informatizados y la retención de extranjeros mientras se tramita su solicitud de asilo.