De la nada al 25% del presupuesto

En sólo 15 años, las 17 comunidades autónomas han pasado de la nada a gastar el 25,5% del presupuesto nacional. En dos años más, su cifra presupuestaria -cuando las 17 autonomías pasen a gestionar la enseñanza- se acercará al 30%. 15 años después de aprobarse los dos primeros estatutos de autonomía (el vasco y el catalán), recorrer el territorio español es encontrarse con numerosas muestras de la presencia del despertar autonómico: en las carreteras, en establecimientos sanitarios y centros de enseñanza públicos, en servicios sociales variados, en los límites del territorio donde aparece su emblema.El Estado de las autonomías, surgido de la Constitución de 1978 para afrontar una demanda política del País Vasco, Cataluña y Galicia -las comunidades donde existían fuertes movimientos nacionalistas y consolidadas por la República- se ha convertido en un rápido proceso de descentralización política. El País Vasco, la primera comunidad autónoma constituida como tal, ha pasado del cero en 1980 a disponer de un presupuesto de 631.712 millones de pesetas y 43.905 funcionarios en 1994. Andalucía, en menos tiempo aún,, gestiona un presupuesto récord de más de billón y medio y 183.854 funcionarios para este mismo año.

El proceso autonómico se encuentra muy avanzado, según señala la comunicación que el Gobierno ha enviado a los grupos parlamentarios del Senado para el debate sobre el Estado de las autonomías que empieza el próximo lunes. Pero no está igualmente avanzado en todas ellas. Hay tres comunidades que alcanzan altos techos porque así lo señalan sus estatutos de autonomía, y fueron las que iniciaron el proceso a finales de 1979. Es el caso de Euskadi, Cataluña y Galicia. Disponen de policía propia, enseñanza y sanidad públicas gestionadas por la propia comunidad entre sus atribuciones más importantes. El País Vasco tiene, además, un sistema propio de recaudación de impuestos: el Concierto Económico.

Andalucía, la comunidad más poblada de España, entró enseguida a integrar este grupo de las comunidades llamadas de via rápida, regulado por el artículo 151 de la Constitución. Más adelante, entrados los años ochenta, los estatutos de otras tres comunidades adquirieron competencias similares a las del 151: Navarra, Comunidad Valenciana y Canarias. Todas ellas gestionan, en estos momentos , competencias de gran entidad, como la enseñanza y sanidad públicas. Además, Navarra, lo mismo que el País Vasco, cuenta con la capacidad específica de recaudar impuestos.

Finalizados los años ochenta se producía un desfase entre las siete comunidades de cabeza y las diez restantes, llamadas de vía lenta, reguladas por el artículo 143 de la Constitución. En febrero de 1992, Felipe González y José María Aznar acordaron subir los techos de estas últimas para igualarlos con las siete de vía rápida mediante el pacto autonómico. Este pacto lleva consigo una ampliación de 32 competencias, entre ellas la enseñanza, para las autonomías de vía lenta. Sólo queda excluida la gestión de la sanidad, deficitaria en todas las comunidades que la tienen transferida.

Diferencias

Desde 1992, las posibilidades competenciales de las 17 autonomías son bastante similares, con algunas salvedades. El secretario de Estado para la Administración Territorial, Francisco Peña, y el vicesecretario general y responsable autonómico del PP, Mariano Rajoy, coinciden en que las diferencias de unas comunidades con otras derivan ahora de sus propias características, como la historia en los territorios forales, la lengua propia, los derechos forales, la geografía o la insularidad. Es el caso de los conciertos económicos en Navarra y País Vasco, del régimen económico-fiscal de Canarias o la legislación derivada por la lengua propia en Cataluña, País Vasco o Galicia.

Si las posibilidades competenciales de las 17 comunidades son bastante similares, no sucede lo mismo con su desarrollo. Hasta dentro de dos años no culminará el traspaso de la enseñanza a las 10 comunidades de vía lenta. Paralelamente, las siete comunidades de vía rápida negocian la consecución de traspasos recogidos en sus estatutos.

La dinámica originada por el Estado de las autonomías ha llevado al Gobierno socialista a concluir que el modelo es abierto. González y Narcís Serra argumentan también, en sus intervenciones públicas, que el proceso de unidad política europea -con su trasvase de competencias- abunda en la misma cuestión. Aznar, sin embargo, insiste en la conveniencia de cerrar el proceso y establecer una tasación definitiva de reparto de competencias entre Administración central y comunidades autónomas. El presidente del PP pretende culminar el cierre del modelo con una rápida reforma constitucional que haga del Senado una Cámara de las autonomías.

El cierre del modelo y la reforma constitucional se convierten, pues, en uno de los debates del momento. Además de esta gran polémica política, el Gobierno pretende aprovechar el debate de la próxima semana en el Senado para mejorar algunas deficiencias de un modelo autonómico muy desarrollado.

Una de ellas es la forma de garantizar la participación de las autonomías en las decisiones en materia comunitaria europea que afectan a sus competencias. La reducción de la Administración periférica del Estado en las comunidades autónomas, evitando duplicidades de funciones y costes, es otro reto. En 1992 las comunidades autónomas habían crecido hasta 593.453 funcionarios y la Administración periférica del Estado disponía de 518.292. Las duplicidades están a la orden del día.

Encontrar nuevas fórmulas de cooperación entre las comunidades autónomas y entre éstas y la Administración central es otro de los retos. Además sigue abierto el debate sobre la financiación autonómica. La fórmula ensayada el año pasado, la cesión del 15% del IRPF, no logró el consenso. Tres de las 15 comunidades -Extremadura, Galicia y Castilla y León- no aceptaron el modelo, y en Andalucía se ha reabierto el debate.