Moreiras decreta la libertad bajo fianza de 5 millones del ex consejero delegado de IGS

El juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras decretó ayer la prisión provisional, eludible bajo fianza de cinco millones de pesetas, de Francisco Hernández, ex secretario del consejo rector de la cooperativa de viviendas PSV y ex consejero delegado de IGS, quien declaró ante el magistrado durante varias horas en la mañana de ayer. Hernández no ingresó en prisión al concederle el juez un lazo de 48 horas para hacer efectiva la fianza.

El ex consejero de IGS declaró que esta firma vendió el edificio de Hortaleza 88 a UGT en 110 millones de pesetas y luego la central sindical lo revendió, ya rehabilitado por una sociedad de Hernández, a IGS en 1.600 millones de pesetas, el equivalente al préstamo recibido por UGT de Banesto.La rehabilitación de la sede de Hortaleza 88 fue realizada por la firma Iniciativa para la Recuperación de la Ciudad (IRC), que luego pasó a denominarse Iniciativa para la Economía Social, en la que Hernández tenía una participación del 95%, según informaron fuentes próximas a la investigación.

Hernández, que asimismo era consejero delegado de SCN indicó que los acuerdos de esta firma de proyectos técnicos con arquitectos promotores de PSV y por los que SCN cobraba determinadas cantidades, fueron suscritos por un total de 140 arquitectos.

Francisco Hernández está considerado un hombre de Carlos Sotos, y no sólo porque viva en el chalé de al lado de éste. Son amigos de la infancia y colaboran juntos desde 1980 en que Hernández fue contratado por la Junta de Moratalaz cuando Sotos fue concejal. Al término del mandato de éste, el contrato no le fue renovado.

Hernández fue nombrado consejero delegado de IGS en mayo de 1992, pero, según declaró ante el juez, no hizo uso práctico de sus poderes de consejero. En PSV tuvo firma desde julio del mismo ano pero "sólo excepcionalmente" firmó algún talón bancario y cunado lo hizo fue -por indicación estricta de Carlos Sotos".

Movimientos de fondos

Según la versión de Hernández, los movimientos de fondos y cuentas de PSV e IGS los contabilizaba el departamento financiero de IGS, que asimismo llevaba toda la contabilidad de PSV. Hernández también admitió que el contrato entre IGS y PSV no se discutió en el consejo rector de esta última entidad ni se presentó a ninguna asamblea de PSV.

El ex consejero delegado de IGS también admitió que los libros de actas de PSV se guardaban en los locales de IGS bajo la custodia del Jefe de la asesoría jurídica de esta última entidad, Fermín Bretón. En 1992 la consultora IGS llegó a tener hasta 600 empleados, aseguró Hernández.

Jesus Jiménez Rico, abogado de Francisco Hernández, declaró al término de la comparecencia que su cliente había entregado al juez cuanta documentación le había solicitado éste, incluido el libro de actas de la cooperativa. Según el abogado, el trabajo de Hernández como consejero delegado consistía en conseguir los terrenos para edificar viviendas, realizar el proyectos básico, ocuparse de la calificación y de los proyectos técnicos.

El auto de prisión eludible bajo fianza de cinco millones no contiene ninguna motivación de la decisión del juez Miguel Moreiras, según declaró el abogado de Hernández. Se da la circunstancia de que la Sección Segunda Penal devolvió recientemente a Moreiras el auto de prisión incondicional dictado contra Carlos Sotos para que lo motivase y que el tribunal pudiese resolver el recurso de pelación.