Dilema con solución

DESDE HACE meses, el mensaje central de Aznar es que no habrá verdadera estabilidad política mientras Felipe González continúe al frente del Gobierno. Toda su estrategia consiste en hacer real ese pronóstico. Por ello, a estas alturas es ya evidente que el PP no moverá un dedo para colaborar a resolver cualquier problema cuya responsabilidad sea atribuida por la opinión pública al Gobierno. Por ejemplo, la provisión de los cargos institucionales vacantes. Esa estrategia podrá criticarse desde diversos puntos de vista, pero lo cierto es que hasta el momento los socialistas no han sido capaces de hacerle frente.Antes del verano se aseguró que existía un acuerdo de principio entre el PSOE y el PP para desbloquear la elección de esos cargos públicos vacantes y que requieren mayoría cualificada: fundamentalmente, Defensor del Pueblo, Consejo del Poder Judicial y Consejo de RTVE. Por lo que trascendió, los negociadores habían llegado al compromiso de tratar de todas las vacantes globalmente, y de hacerlo de manera que el criterio fundamental fuera la idoneidad de los candidatos y no su mayor o menor proximidad al partido que los propone. Los socialistas interpretaron que el acuerdo implicaba que las partes retiraban los candidatos anteriormente presentados.

La presentación por parte del PP de la candidatura de José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, para defensor del pueblo ha sido considerada por los socialistas como la ruptura de aquel compromiso. El senador popular Alberto Ruiz-Gallardón, por su parte, negó ayer que tal compromiso existiera, o al menos que implicase la renuncia a mantener la candidatura de Martín Pallín.

Una discusión en términos de quién dice la verdad y quién miente no puede llevar muy lejos. Pero es evidente que el mantenimiento de la situación actual no tiene el mismo efecto para ambos partidos. El PP tiene motivos para sentirse cómodo: por una parte, es el Gobierno el que soporta el desprestigio derivado de la incapacidad para resolver el problema; por otra, la actual defensora del pueblo en funciones fue designada a propuesta suya. La incomodidad de los socialistas es el reverso de esa situación.

Se comprende, por ello, la irritación del Gobierno y su partido. El PP actúa como un jugador de ventaja, convencido de que, haga lo que haga, el perdedor será siempre el otro: bien porque cede a sus exigencias, en cuyo caso refuerza sus posiciones de poder; bien porque la situación se bloquea, lo que perjudica al Gobierno. Pero no es cierto que para los socialistas sea indiferente la decisión que adopten. En tanto que partido, el PSOE podrá esgrimir, en su defensa ante la opinión pública, argumentos sobre el sectarismo o el ventajismo del PP; pero para ganarse el derecho a hacerlo en cuanto Gobierno, los socialistas tendrán que demostrar previamente su disposición a supeditar sus intereses a los del sistema: aunque sea, si no hay otro remedio, aceptando la propuesta del PP.

Esto último no podrían hacerlo si se tratase de un candidato claramente inadecuado o sobre cuya independencia existieran dudas. Pero no es el caso, dada la trayectoria de Martín Pallín en la defensa de los derechos humanos. El argumento socialista de que ello sería traicionar a los otros grupos que apoyaron a su candidato -el catedrático Manuel Jiménez de Parga- ha perdido fuerza con el tiempo por una parte, porque uno de esos partidos, Izquierda Unida, se ha pasado al otro bando y ahora apoya, al igual que Esquerra Republicana y Coalición Canaria, al candidato del PP; por otra, porque el PSOE estaba dispuesto a buscar un tercer candidato de consenso, lo que ya rompía el compromiso en tomo a Jiménez de Parga.

Lo inteligente, entonces, sería votar a favor del candidato presentado por el PP, demostrando así un mayor sentido de la responsabilidad que el de sus oponentes. Y denunciar esa irresponsabilidad: la opinión pública entendería mejor esa renuncia responsable que el enrocamiento actual (y la prolongación de una provisionalidad que dura ya 18 meses).