El juez admite la impugnación de la junta de Grand Tibidabo pedida por los pequeños accionistas
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 29 de Barcelona, Pascual Martín Villa, admitió a trámite la demanda de impugnación de acuerdos sociales de la última junta de accionistas de Grand Tibidabo. El juzgado ordenó ayer mismo una preinscripción en el Registro Mercantil que refleja la impugnación solicitada por los pequeños accionistas. El auto dictado ayer reconoce la existencia de irregularidades en la aprobación de las cuentas anuales de Grand Tibidabo; no anula los acuerdos de la junta pero condiciona frente a terceros cualquier operación como la venta de activos. El magistrado ha admitido a trámite la impugnación sin exigir a los demandantes como garantía. la titularidad del 5% del capital de la sociedad, prevista por la Ley de Sociedades Anónimas.Las cuentas de Grand Tibidabo se presentaron el mismo día de la junta, celebrada el pasado junio, en un documento -Estudios financieros provisionales- separado de la memoria anual de la sociedad y, por tanto, desconocido, hasta entonces, por los accionistas. El citado documento reconocía que las pérdidas del ejercicio ascendían a 11.000 millones de pesetas e invalidaban el beneficio de 16 millones que figuraba en la memoria. En contra del criterio de 9.000 pequeños accionistas, la junta del Grand Tibidabo ratificó las cuentas gracias al apoyo de la mayoría accionarial -el 26% del capital está en manos de De la Rosa-, representada por el consejo.
Reducción de capital
Con anterioridad a dicha junta, durante el pasado mes de mayo, el financiero había abandonado la presidencia de la, sociedad y nombrado sucesor en el cargo a Joan Cruells. La salida definitiva de Javier de la Rosa de Grand Tibidabo se concretará por medio de una reducción de capital del 26%, que extinguirá la participación del financiero incrementando en la misma proporción la de cada accionista minoritario. La operación debe ser ratificada por una junta extraordinaria, aplazada varias veces y cuya convocatoria el consejo anuncia a mediados de octubre.La demanda de los pequeños accionistas, admitida por el juez, acusa a De la Rosa de haber aprovechado su posición de socio mayoritario para convertirse en deudor. El financiero debe 3.350 millones a Grand Tibidabo. Estos préstamos, unidos a las cuantiosas pérdidas de algunas filiales -Bamsa, New Teknon, Urbas-CAI, entre otras-, fueron cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 1993 en el anexo a la memoria que se entregó a los accionistas el mismo día de la junta. En la impugnación, elaborada tras la junta por el abogado Tomás Gui, los pequeños accionistas acusan a los consejeros de Grand Tibidabo de actuar como testaferros de De la Rosa, cometiendo fraude y ocultando información.
Pese a esta acusación, el consejo ha mostrado muy recientemente su voluntad de desmarcarse del financiero y afrontar la viabilidad del holding con el apoyo de los minoritarios. Un cambio de escenario así de rotundo: "Grand Tibidabo exigirá a Javier de Rosa el pago de su deuda con la sociedad utilizando, si es necesario, mecanismos judiciales", señalan los medios del grupo consultados.
De confirmarse estos planes, supondría romper la conexión que les une al financiero que les contrató. El propio Cruells y el vicepresidente de la sociedad, Emilio Casinello -ex comisario de la Expo 92-, han iniciado contactos con accionistas.
Cruells resume su oferta en la creación de un comité de seguimiento en el que la sociedad invita a participar a los minoritarios con mayor representación. Este órgano intermedio revisará un plan estratégico y se convertirá en el germen del futuro consejo de administración una vez diluida la participación de De la Rosa en el capital de la sociedad.
Grand Tibidabo quiere renegociar con los accionistas el interés de parte de los bonos emitidos por la empresa que vencen el próximo mes de febrero. Como contrapartida a esta reducción, el holding afianzaría estos títulos garantizándolos con el patrimonio inmobiliario.
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