La división beneficia a ETA

NADIE SABE a ciencia cierta cuál es el mejor procedimiento para acabar con ETA. No es posible, por ejemplo, zanjar de manera definitiva la discusión sobre la influencia de las medidas de reinserción con vistas a ese objetivo. En cambio, se sabe por experiencia que la división de las fuerzas democráticas en relación a la violencia es un factor que favorece la perpetuación de ésta. La reunión de los partidos firmantes de los pactos antiterroristas prevista para hoy debe servir para reafirmar el acuerdo básico de los demócratas frente a ETA; orillando, si fuera preciso, aquellas cuestiones sobre las que han surgido divergencias y que, sin ser esenciales, han sido magnificadas por el clima preelectoral.Es difícil imaginar un final de ETA que no pase por la decisión de autodisolverse de la propia banda: bien por su extrema debilidad, bien por convencimiento de que matar no sirve para sus fines o, más probablemente, por una combinación de ambas cosas. Pero puede darse por seguro que ETA no desistirá de matar mientras: a) cuente con un público -Herri Batasuna y su entorno- que le aplauda y proporcione un medio en el que reproducirse; b) perciba que sus acciones son eficaces para influir en la vida política. Para convencer a ETA de la inutilidad de sus crímenes, no hay mejor procedimiento que evitar el espectáculo de unas fuerzas democráticas divididas por la estrategia antiterrorista.

Un portavoz de Herri Batasuna ha elogiado recientemente la "gran visión estratégica" de ETA al realizar el atentado que a fines de julio costó la vida a un alto mando del Ejército y otras dos personas por que había servido para "generar contradicciones" entre los partidos. Infame pero cierto. Ésta ha sido la tónica mucho tiempo: cada ofensiva de ETA provocaba una trifulca entre las fuerzas democráticas (casi siempre entre los partidos nacionalistas y quienes no lo eran) a propósito del significado, motivos y respuesta más adecuada, a los atentados. Ello garantizaba a ETA una publicidad adicional (esencial para todo terrorismo); pero sobre todo le otorgaba la posibilidad de influir políticamente mediante el crimen, de condicionar la política de alianzas o las decisiones del Gobierno vasco o las iniciativas de los demócratas en general. Los violentos podían así alardear de la eficacia política del terror.

A eso se quiso poner fin con los pactos antiterroristas de 1988, que establecieron una frontera no entre derecha e izquierda, ni entre nacionalistas y no nacionalistas, ni entre Gobierno y oposición, sino entre demócratas y violentos. Todos los firmantes se comprometieron a respetar unos principios. El principal era la renuncia a sacar ventajas políticas de los efectos de la violencia. El acuerdo implicaba también la renuncia de los partidos a hacer de la estrategia antiterrorista un eje de controversia. Esto último significaba que la oposición otorgaba al Gobierno en materia, de estrategia antiterrorista un margen de confianza que le negaba en otros terrenos.

Habría sido deseable que la polémica sobre la reinserción no se plantease públicamente, o al menos no en términos tan excluyentes. Ya no tiene remedio, y el debate continuará. Pero el asunto del papel de la reinserción en la estrategia antiterrorista no es tan grave y urgente que deba zanjarse hoy o nunca. Tal vez -esperemos-, pasadas las elecciones vascas exista un clima menos crispado que permita un acuerdo consensuado sobre el mismo. Entretanto, la reafirmación de los principios de los pactos antiterroristas de 1988 es compatible con el mantenimiento de ese debate. Al menos, no demos a ETA y sus corifeos la satisfacción de decir que su crimen consiguió quebrar la solidaridad de los demócratas.