Empresa judicial

LOS PROBLEMAS de la justicia siguen siendo muchos, pero ya no tanto por la falta de medios como por la incapacidad para hacer un uso racional de los mismos y para organizarse como una empresa moderna que presta un servicio público esencial. No basta con echar la culpa de esta situación al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También la tienen los operadores más directos de la justicia: jueces, fiscales, abogados y procuradores de los tribunales, cuyos hábitos de trabajo o comportamientos profesionales no son, a veces, los más indicados para su impulso modernizador.Hablar de insuficiencia de medios ha sido durante años el eje de los discursos oficiales en el acto de apertura del año judicial. Ahora tales discursos comienzan tímidamente a poner el acento en cuestiones de calidad, como la evocada ayer por el presidente del Consejo, Pascual Sala, al plantear la necesaria reforma legislativa que evite roces entre el Tribunal Supremo y el Constitucional en cuanto a la tutela de los derechos fundamentales. En la última década, el dinero público destinado a juzgados y tribunales se ha multiplicado por seis; se han diseñado una planta y demarcación más racionales y acordes con la nueva realidad demográfica; se han creado centenares de nuevos juzgados y se han modernizado las vetustas sedes judiciales todavía en funcionamiento; el número de jueces ha aumentado de forma que la relación juez por habitante soporta en la actualidad cualquier comparación con los baremos europeos; el personal de los cuerpos de oficiales y auxiliares ha aumentado también en la misma proporción.

La ineficiente respuesta judicial tiene hoy su raíz en problemas de organización y métodos de trabajo obsoletos, en procedimientos engorrosos y confusión de competencias que obstaculizan la toma de decisiones. La reforma de la oficina judicial, con control de horario incluido; la implantación de procedimientos predominantemente orales en todos los órdenes jurisdiccionales, como manda la Constitución; el uso por parte de jueces y fiscales de métodos de trabajo que no empantanen o burocraticen aún más el proceso (caso Filesa) y la renuncia de abogados y de procuradores a artimañas defensivas que lo paralizan y pervierten, son hoy objetivos insoslayables para que la justicia sea el servicio público eficiente que exige una sociedad democrática. De no alcanzarse, y pronto, se corre el riesgo de que la maquinaria judicial. metabolice todo lo que se le eche dentro (148.000 millones de pesetas en 1994), sin el provecho debido al ciudadano que la financia.