El fiscal pide que Sotos siga en prisión

El fiscal de la Audiencia Nacional Florentino Orti ha presentado un informe en el que se opone a la libertad de Carlos Sotos, ex director gerente del consejo rector de la cooperativa PSV y ex presidente ejecutivo de IGS, único de los inculpados en el caso PSV que permanece en la cárcel. Paralelamente a esa actuación, el juez Miguel Moreiras reanudó ayer la toma de declaraciones con la comparecencia de Fermín Bretón, mientras que el presidente del ICO, Miguel Muñiz, tiene previsto firmar hoy el aval de 8.733 millones de pesetas, destinado a la separación de las promociones de la cooperativa.

Orti ha pedido la confirmación de la prisión de Sotos al tribunal que tiene que resolver el recurso de queja que interpusieron los abogados del principal gestor de la cooperativa de viviendas de la UGT. El fiscal considera que las medidas cautelares adoptadas por el juez Miguel Moreiras contra Sotos son correctas y proporcionales a las penas que en su día pudieran corresponderle, ya que su conducta pudiera constituir delitos continuados de falsedad en documento mercantil, público y privado, y de estafa. Estos delitos están castigados con penas de prisión mayor (de seis años y un día a 12 años) cada uno de ellos.Por otro lado, ayer se reanudaron las declaraciones ante el juez de delitos monetarios Moreiras de implicados en la gestión de PSV. Fermín Bretón Lominchar, que fue asesor jurídico de PSV-IGS reconoció a pregu ntas del magistrado que él fue el encargado de redactar los contratos entre los cooperativistas y PSV, entre PSV e IGS y entre IGS y UGT, aunque era Carlos Sotos quien tomaba todas las decisiones.

Declaración ante Moreiras

Bretón, cuya declaración ante el juez Miguel Moreiras se reanudará hoy, admitió también que tenía poderes para disponer de fondos, pero que el máximo era de cinco millones de pesetas, y dijo que no sabe dónde fue a parar el dinero entregado para la construcción de las viviendas porque él sólo se ocupaba de los asuntos jurídicos.Fermín Bretón presentó una serie de documentos internos de IGS sobre la forma de operar de la empresa, sobre las competencias de los empleados y sobre la situación urbanística de cada promoción. El abogado de Bretón, Francisco Hernando, ha señalado que se trata de documentación interna muy clarificadora". "Creo", dijo Hernando a Efe, "que mi patrocinado ha prestado una colaboración amplia a la justicia, aunque todavía no ha concluido su declaración. Su espíritu es totalmente abierto para colaborar ya que está absolutamente persuadido de la licitud de su conducta en todo momento y no tiene nada que ocultar". Añadió el letrado que en IGS no había firmas compartidas ni mancomunadas, solamente solidarias, aunque su defendido no tenía acceso para disponer nada más que de un máximo de cinco millones de pesetas, "cantidad ridícula cuando se están barajando cifras enormes". En opinión de Hernando, "no hay razón alguna para señalar auto de prisión como medida cautelar, aunque eso se inscribe dentro del marco amplísimo del criterio del juez Moreiras".

La compar ecencia ante el juez prosigue hoy, día en que también se producirá la firma del aval a PSV de 8.733 millones de pesetas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La decisión de conceder ese aval a la cooperativa de viviendas de UGT fue adoptada en Consejo de Ministros el pasado 20 de mayo, con el fin de reanudar la construcción de las viviendas de las promociones segregadas. Hasta la fecha, tras la primera ronda de negociaciones.con los cooperativistas, se han firmado acuerdos para la segyegación de 15 promociones y el número total de viviendas separadas asciende a 1.869. Miguel Muñiz, presidente del ICO, firmará el aval en un acto en el que estarán presentes el presidente de IGSPSV, Valeriano Gómez, y los interventores judiciales.