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Di Pietro propone facilitar el arrepentimiento para que Italia venza la corrupción

Penas más graves para los delitos de corrupción, pero también sistemas más ágiles de perdón que faciliten la colaboración de los arrepentidos, es la receta que la magistratura de Milán, por boca de su representante más célebre, Antonio di Pietro, propuso el sábado a la flor y nata de la clase dirigente italiana, reunida en un seminario junto al lago de Como. La declaración del magistrado, que marca un hito en la línea de actuación de los jueces, tuvo, sobre todo, el sentido de una oferta de colaboración a los empresarios para permitir a Italia salir de Tangentópolis.La esperada salida del atolladero de los procesos que agobian a los juzgados y de la inseguridad que los dirigentes italianos padecen como consecuencia de la investigación de unas actividades delictivas que habían llegado a convertirse en usos sociales corrientes sólo puede ser de naturaleza legal, en opinión de Di Pietro, y, en cuanto tal, compete al Parlamento resolverlo.

Pero ello no impide, estimó el juez, que "la sociedad civil tenga el deber y la posibilidad" de intervenir en el debate de los proyectos legislativos llamados a resolver el problema. En ese contexto, Di Pietro resaltó la importancia de las opiniones de los magistrados, "protagonistas que, queriéndolo o no, se han encontrado actuando en esa realidad". Y, por la misma razón, consideró fundamental la contribución de los empresarios.

Más allá de la utilidad que estas ayudas concretas puedan suponer para el Parlamento, la oferta de Di Pietro tiene, sobre todo, el valor de proceder del único estamento -la Magistratura- que, en Italia, puede proponer una solución legal para acelerar la conclusión de las investigaciones sobre corrupción, sin despertar la sospecha de que trata de rehuir responsabilidades.

La ola de indignación suscitada por la llamada ley del perdón que el Gobierno de Giuliano Amato, en los últimos días de su existencia, intentó introducir infructuosamente hace dos años, y el fracaso del decreto de excarcelación de los corruptos que el Gobierno de Silvio Berlusconi hubo de retirar, bochornosamente, en el pasado mes de julio, demuestran que ni los políticos de antes, acosados por los escándalos de corrupción, ni los de ahora gozan de la confianza popular imprescindible para dar un paso como éste.

De ahí que la intevención de Di Pietro fuera muy bien acogida por un público predispuesto a escuchar ideas de solución en el que abundaban los ministros, pero sobre todo grandes empresarios.

Ante éstos, Di Pietro reconoció que, con el tiempo, ha llegado a entender que, para que haya democracia, no basta con que las empresas sean "transparentes", ya que también deben ser "eficientes".

Plan de los jueces

Entre las primeras, los jueces desean que los delitos de corrupción, concusión, prevaricación y abuso de poder pasen a ser, considerados graves. En consecuencia, las penas, de cinco años de cárcel, con las que se castigan actualmente, deberían pasar a ser de 4 a 12 años para los funcionarios y políticos, y de 3 a 8 años para los empresarios. En ambos casos, la condena lleva aparejada la confiscación de bienes y la incapacidad para contratar con la Administración.Pero se librarían de la condena todos los que se autodenuncien dentro de los tres meses de haber cometido delito y antes de que los jueces les investiguen, siempre que denuncien, además, a todos los que hayan participado en los hechos y reparen el daño causado o devuelvan el beneficio.

Con respecto al pasado, el proyecto de los magistrados prevé el perdón de la pena, en las mismas condiciones expuestas, para todos los que se autodenuncien por hechos anteriores a la publicación de la ley en los seis meses siguientes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de septiembre de 1994