Luz verde del Gobierno a la autonomía de Ceuta Melilla aun a riesgo de indisponer a Marruecos

El Consejo de Ministros dio, por fin, ayer visto bueno a los proyectos de estatutos autonomía para Ceuta y Melilla. Si las Cortes los aprueban antes de fin de año, en mayo se celebrarían elecciones autonómicas en ambas ciudades, al igual que en 13 comunidades. La decisión del Gobierno ha suscitado satisfacción en Melilla y reticencias en Ceuta, al tiempo que puede provocar tensiones con Marruecos, cuyas autoridades han sido siempre reacias a la concesión de tales estatutos a las plazas de soberanía española porque es un contratiempo para sus reivindicaciones.

Consensuados con las demás fuerzas políticas, incluido el PP, los estatutos equiparan a ambas ciudades con las comunidades autónomas llamadas de "vía lenta" pero sin llegar a otorgarles capacidad legislativa, aunque si dispondrán de iniciativa legislativa. Preservarán además sus peculiaridades económico-fiscales.Antes de fin de año deberá estar concluida la tramitación parlamentaria, según los vaticinios del ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y el 28 de mayo podrían celebrarse las primeras elecciones autonómicas en ambos enclaves españoles en la costa africana, cerrando así 17 años después de la aprobación de la Constitución, el modelo territorial en ella diseñado.

La decisión del Gobierno puede suscitar tensión o, por lo menos, malestar en las relaciones entre España y Marruecos, según fuentes diplomáticas españolas. La Embajada de Marruecos en Madrid rehusó ayer hacer comentarios y se limitó a señalar que, en caso de producirse una reacción, sería en Rabat.

En Exteriores se confía en que Marruecos no se indignará con España porque el momento es delicado. Desde febrero, el reino alauita negocia con la UE un importante acuerdo de asociación, que incluye la introducción del libre comercio para los servicios y productos industriales. La negociación está estancada porque Rabat considera insuficiente la oferta de Bruselas y cuenta con Madrid para que sea mejorada.

Tras siete años de silencio sobre el asunto, el rey Hassan ll de Marruecos recordó en tres discursos la pasada primavera su revindicación sobre "los territorios expoliados por España" de Ceuta y Melilla. Este recordatorio fue interpretado como una manifestación de disgusto ante la próxima concesión de los estatutos.

Los responsables marroquíes solían comentar en privado que tal iniciativa contribuiría a enraizar un poco mas a ambas ciudades en el marco jurídico del Estado español y supondría un nuevo revés para la aspiración de Rabat de entablar un diálogo con el Ejecutivo español sobre esta cuestión.

Hassan II no hace por ahora hincapié en la necesidad de negociar la "devolución" a Marruecos de los "territorios expoliados" sino que propone crear una "célula de reflexion" integrada fundamentalmente por personalidades independientes, para reflexionar conjuntamente sobre su porvenir.

Durante la breve visita que efectuó a Rabat a finales de julio, el, titular español de Exteriores, Javier Solana, informó al Rey y al primer ministro, Abdelatif Filali, de las intenciones del Gobierno con relación a las plazas de soberanía. Los colaboradores de Solana insistieron en que en ningún momento entró a discutir los estatutos porque "se trata de una cuestión interna española".

La círculos dirigentes marroquíes han estado siempre convencidos de que el soberano intensificaría su revindicación sobre Ceuta y Melilla una vez zanjado el conflicto del Sáhara. El secretario general de la ONU, Butros Butros-Gali, ha fijado el 14 de febrero como fecha para la celebración del referéndum de autodeterminación, pero la reciente tensión entre Marruecos y Argelia puede dar al traste con ese objetivo.

Algunos expertos en asuntos magrebíes temen, no obstante, que las exigencias marroquíes no esperen a la solución del contencioso sahariano. Consideran que para hacer frente a un eventual auge del integrismo islámico, Hassan II podría estar tentado de recomponer la unidad nacional desenterrando unas revindicaciones territoriales, como la que formuló sobre el Sáhara, compartidas por la oposición.

Nombramientos

Por otro lado, el Gobierno nombró a, Juana María Lázaro Ruiz directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en sustitución de Abelardo Pacheco [ver página 33]. El Consejo aprobó la modificación del reglamento del IVA, por el que se regula el deber de los profesionales y empresarios de expedir y entregar facturas [ver página 34].