La pretensión española de prohibir las redes de deriva sólo recibe apoyo de EE UU y Canadá

El ministro de Agricultura español, Luis Atienza, acuciado por los últimos enfrentamientos pesqueros, ha asegurado que en septiembre va a echar el resto para que la UE prohíba totalmente el uso de redes de enmalle de deriva o volantas. El intento es uno más de los realizados en los últimos siete años, en los que la Administración española ha mantenido una dura batalla por conseguir esa supresión. Sin embargo, España sólo encuentra apoyo fuera de la UE, concretamente de Estados Unidos y Canadá, y ligeramente de Grecia dentro de ella. Francia ha conseguido frenar todas las iniciativas españolas. La propuesta de reglamento más restrictiva de la UE coloca en 1997 la eliminación total de las redes de la discordia.

Hasta el momento, los intentos españoles en los foros comunitarios e internacionales de eliminar 0, cuando menos, reducir el uso de las grandes redes de enmalle a la deriva -en algunos mares del Pacífico llegan a superar los 100 kilómetros- han resultado infructuosos. La oposición española, que prácticamente ha sido la única en el marco de la Unión Europea -sólo apoyada tímidamente por Grecia- ha sido siempre respaldada, sin embargo, por países como Canadá y Estados Unidos en organismos internacionales como Naciones Unidas.Aunque se trata de un contencioso abierto, los expertos esperan que la caída de capturas en el mundo, provocada por el agotamiento de algunos caladeros y la proliferación de flotas bajo banderas de conveniencia, impulse una mayor concienciación y la adopción de medidas encaminadas a lograr una pesca respetuosa con los recursos.

Las pesquerías del bonito en el Atlántico efectuadas por los actuales miembros de la Unión Europea se realizaban, tiempo atrás, con artes tradicionales basadas en el anzuelo. La. baja rentabilidad que proporcionaba este sistema hizo que, a finales de los años ochenta, parte de la flota francesa iniciara la actividad con redes de enmalle a la, deriva de dimensiones variables que superaban hasta los 20 kilómetros. Esta situación fue denunciada en 1987 por los pesqueros españoles ante la Administración desde donde se intentó, con resultados nulos, que la Comunidad Europea adoptase medidas. En las reuniones del Consejo de Ministros de Pesca de 1987 y 1988, España no pudo nada más que oponerse a la continuidad de este tipo de artes, pero con el resto de los países en contra.

Amplio debate internacional

A la vista de esta situación, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se inició la ofensiva contra estas redes en los foros internacionales. El punto de partida más significativo en esta batalla lo constituyó la resolución de Naciones Unidas del 22 de diciembre de 1989. En ella se estableció una moratoria respecto a todas las operaciones de pesca en alta mar con estas artes, que se debía aplicar a partir de junio de 1992. Esta resolución fue complementada con otras posteriores también de Naciones Unidas. Desde este organismo, -con España, Estados Unidos y Canadá como principales impulsores-, se han dado avances sobre la definición de pesca responsable, código de buena conducta en las pesquerías y control de existencias en las zonas económicas exclusivas de las 200 millas, donde está el 95% de los recursos y alta mar.En paralelo con las actuaciones en Naciones Unidas, España ha luchado contra ese tipo de artes en organismos internacionales como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico o el Comité de Ordenación de Túnidos del Océano índico. En todos esos foros se repetía la oposición a las restricciones de artes de Francia y el apoyo de Estados Unidos a las propuestas españolas.

Con estos resultados en la mano, la Administración española reabrió la batalla en la Comunidad Europea al inicio de los noventa, con el apoyo del comisario Manuel Marín y de diferentes grupos ecologistas. A partir de ese momento, se fueron recogiendo los primeros resultados. En octubre de 1991, el Consejo de Ministros aprobó un reglamento, el 345, por el que, a partir de junio de 1992, se establecían limitaciones importantes para el uso de artes de enmalle a la deriva. Bruselas estableció por vez primera limitaciones a su uso y concretó su longitud máxima en 2,5 kilómetros, tomando como referencia la Convención de Wellington de 1989.

Sobre ese reglamento se decidió la derogación de este tipo de artes. Francia logró, sin embargo, una excepción para que se permitiera seguir faenando con redes de cinco kilómetros. La autorización excepcional era solamente para 37 barcos de nacionalidad francesa, bajo unas condiciones muy. estrictas y siempre que pudieran demostrar haber faenado los dos años precedentes con esas redes.

Esa situación de excepcionalidad finalizó el 31 de diciembre de 1993, aunque se preveía la aplicación de una prórroga a partir de enero de este año para esos barcos (pero no para ingleses ni irlandeses), aunque con redes de sólo 2,5 kilómetros. Las investigaciones realizadas por técnicos españoles. y franceses pusieron de manifiesto que esas artes sí dañaban los caladeros y que miles de delfines murieron atrapados en ellas.

En el Consejo de Ministros de Pesca de diciembre del año pasado, la batalla terminó en tablas. España se opuso radicalmente tanto a las redes de 2,5 kilómetros como a todo tipo de estas artes de pesca, aunque sólo Grecia mostró un tímido apoyo. El último capítulo de esta batalla lo constituye una propuesta de reglamento más restrictivo, que fija 1997 como fecha tope para la total eliminación de las redes de 2,5 kilómetros.