Bueren estudia sentar en el banquillo a antiguos funcionarios de UCD por el caso del aceite de colza

El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren tiene previsto pronunciarse esta semana sobre la apertura de juicio oral a ocho ex altos cargos de la Administración de Unión de Centro Democrático (UCD) que pudieran haber tenido supuestas responsabilidades en la masiva intoxicación con aceite de colza tóxico en 1981, según fuentes de la Audiencia Nacional. El juez decidirá si sienta en el banquillo a ocho ex altos cargos -como ya intentó en dos ocasiones anteriores o si decreta el sobreseimiento, como han pedido el fiscal y el abogado del Estado. Desde el pasado febrero en que quedó concluido el sumario, las acusaciones han pedido que fuesen llevados a juicio ocho ex altos cargos de la extinta UCD. Las penas que solicitan, por presuntos delitos contra la salud pública y de imprudencia temeraria profesional, llegan en algún caso a los ocho años de prisión.

Pero además de las condenas, las acusaciones reclaman que el Estado, domo responsable civil subsidiario, se haga cargo de las indemnizaciones por los 600 fallecidos y los 23.000 afectados a razón de 15 millones por fallecido y hasta 90 millones para cada uno de los afectados en situación de gran invalidez. De abrirse el juicio y recaer alguna condena, el Estado debería hacer frente a estas indemnizaciones, que los acusadores cuantifican en medio billón de pesetas.

El ministerio fiscal, por su parte, ha pedido el sobreseimiento al entender que el envenenamiento masivo por aceite de colza es reprochable exclusivamente a sus autores, los aceiteros, y no puede ampliarse a personas "que para nada han intervenido en su manipulación y venta". La Viscalía entiende que las conductas de los ex altos cargos no pueden tipificarse como delito y añade que los afectados pueden ejercitar otro tipo de acciones ante los tribunales en demanda de sus derechos. Fuentes de la fiscalía precisaron que los afectados pueden reclamar sus indemnizaciones en vía contenciosa, por mal funcionamiento de los servicios públicos, en vez de buscar la condena de unos cargos administrativos como requisito que les permita acceder a las indemnizaciones.