Tiene tanto valor que no tiene precio
ELÍAS FERERESLa sequía que padece España desde 1980 requiere, según el autor, un programa que mejore la gestión del agua, penalizar los riegos excesivos y la aprobación urgente del Plan Hidrológico Nacional
La sequía que vienen padeciendo numerosas regiones de nuestro país desde 1980 apenas tiene precedentes en la historia reciente de España. Los efectos de esta sequía sobre la agricultura de riego, el principal consumidor de agua en España y responsable de más de la mitad de nuestra producción agrícola, han sido devastadores: no se ha podido regar en la cuenca del Guadalquivir en cuatro de los diez últimos años y se ha creado una situación de emergencia en la cuenca del Segura, cuyas reservas están por. debajo del 10%.La polémica suscitada por el trasvase Tajo-Segura debe permitirnos analizar el problema central de la España árida: cómo obtener el máximo aprovechamiento del agua disponible sin incrementar las desigualdades económicas, sociales y ambientales. El agua en la cabecera del Tajo tiene una serie de usos alternativos: urbano, industrial, agrícola y ambiental. Cómo, dónde y cuándo utilizarla de manera que produzca el máximo bienestar es un problema cuya solución óptima es extraordinariamente difícil. No obstante, conviene valorar todos los criterios por los cuales los gestores del agua podrían aproximarse a una solución razonable.
Justificación del trasvase
Desde un punto de vista estrictamente económico se justificaría el trasvase del Tajo al Segura, puesto que la agricultura de la cuenca del Segura genera por unidad de agua utilizada mayor riqueza que los usos alternativos que en la actualidad tiene ese agua en la agricultura del Tajo. No obstante, la solución no puede dictarse por criterios estrictamente económicos; existen otros muchos argumentos que se opondrían al trasvase. Sirvan como ejemplos la incertidumbre de las precipitaciones futuras, que justificarían el mantenimiento de un nivel de reservas considerable en la cuenca del Tajo para atender a sus propias necesidades en los próximos años; la necesidad de mantener un caudal mínimo en los ríos para preservar la fauna y mejorar la calidad del agua frente a los vertidos de grandes ciudades como Madrid; los requisitos de unas cotas mínimas en los embalses del Tajo con fines turísticos y recreativos; las demandas en cantidad y calidad, aguas abajo de Castilla-La Mancha, para satisfacer las necesidades de Extremadura y de Portugal; el desarrollo y la rehabilitación de los propios regadíos de la cuenca del Tajo, etcétera.
Si el agua de riego tuviese precio y, consecuentemente, los regantes pagasen por el agua tal y como sucede en los sectores industriales o urbanos, la solución económica sería bien sencilla. Puesto que el rendimiento económico del agua en el Segura es mayor, la cuenca del Segura compraría el agua excedentaria a la cuenca del Tajo, que recibiría una compensación económica por el trasvase. Un agricultor de la cuenca del Tajo que destina 10.000 metros cúbicos por hectárea para regar su alfalfa tiene entre sus manos, al precio del agua en algunas zonas del Segura, un valor equivalente a 200.000 pesetas por hectárea. ¿Podría el agricultor del Tajo vender su concesión de agua a un agricultor de la cuenca del Segura para que éste evitase la pérdida irreparable de su Plantación frutal por falta de riego?
La respuesta con la actual legislación en la mano, es que esto no es posible.
Aunque a primera vista parezca atractiva, la propuesta de establecer un mercado del agua sin restricciones no permitiría una solución equitativa, ya que las demandas ambientales no se atenderían adecuadamente y se incrementarían las desigualdades sociales (aumentaría el paro en las zonas de regadío marginal). No obstante, en situaciones de emergencia como ladel trasvase Tajo-Segura cabe otra solución: que el Estado se encargue de gestionar estos recursos, es decir, de mediar entre las cuencas para que se pudiera producir la venta del agua con equidad. En el caso que nos ocupa, la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo gestor del agua en la citada cuenca, compraría agua a la Confederación del Tajo y la vendería a los agricultores, sufragando con una parte del importe recibido los costes de mantenimiento de la red necesaria para el trasvase y compensando con el resto a los agricultores de riego del Tajo. Ello permitiría a los regadíos de la cuenca del Tajo mejorar sus infraestructuras, reducir las pérdidas de agua y alcanzar el nivel técnico necesario para hacer su agricultura de riego más competitiva.
Las soluciones en situaciones de emergencia no suelen ser aplicables cuando se produce la vuelta a la normalidad. Desgraciadamente, en la gran mayoría de los regadíos españoles no se paga por agua consumida; entre otras cosas porque no se sabe cuánta consume cada regante. La evolución reciente de los precios agrícolas hace que en muchos de nuestros regadíos la fijación de un precio del agua en base a criterios económicos amenace su propia supervivencia. Irónicamente, a estos regadíos se les podría aplicar el título de este artículo, puesto qué el agua tendría tanto valor para ellos que, al fijar un precio elevado, desaparecerían del escenario de nuestra agricultura. Por consiguiente, habría que matizar el uso exclusivo de incentivos económicos para ahorrar agua en el riego.
Mejorar la gestión
Es un hecho poco conocido que el regadío consume el 80% del agua en España. Buena parte de este consumo es inevitable y viene dictado por nuestro clima árido, donde los cultivos evaporan grandes cantidades de agua debido a la alta radiación solar. Para producir un kilo de trigo en el sur de España las plantas evaporan más de 500 litros de agua. No obstante, es lógico que en épocas de escasez todos dirijamos la mirada hacia el mayor consumidor de agua y nos preguntemos si sería posible reducir el gasto de agua en el riego, lo que permitiría paliar los efectos de la sequía sobre los usuarios alternativos, los sectores industrial y urbano, sin generar nuevos recursos hídricos.
Existe la percepción generalizada de que el regadío despilfarra agua. Si bien es cierto que algunos regadíos usan agua en exceso, otros son defícitarios y están insuficientemente dotados. Para racionalizar el uso del agua en nuestros. regadíos y poder valorar los posibles excedentes para usos alternativos, es urgente emprender un programa que mejore la gestión del agua de riego en España. Es necesario establecer unos niveles de consumo razonables y gravar los riegos excesivos, para lo cual se precisaría medir el consumo de cada regante. También es preciso mejorar el estado de nuestra infraestructura hidráulica y flexibilizar la distribución del agua, adaptándola a la demanda de los cultivos. Y lo más importante, es necesario elevar los niveles educativo y tecriológico de nuestros regantes de manera que puedan obtener el máximo rendimiento del agua disponible con un mínimo impacto sobre el medio ambiente. Realizar esta labor requerirá esfuerzos importantes por parte de la Administración y de los usuarios.
Es, asimismo, imprescindible la existencia de un instrumento planificador; dicho instrumento es el Plan Hidrológico, que debe ser el plan de todos. Difícilmente la sbciedad aceptará que se invierta en generar nuevos recursos hídricos, mediante la construcción de nuevos embalses y trasvases, si no se demuestra que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para conservar los recursos actualmente disponibles.
La transferencia de agua entre cuencas siempre genera conflictos. No se trata de un problema nuevo. El reparto del agua va a tener un papel trascendental en la solución del conflicto de Oriente Próximo; también el tradicional pragmatismo de los californíanos desaparece cada vez que se plantean trasvases del norte al sur de California en épocas de, sequía, habiéndose limitado éstos en las últimas dos décadas por razones exclusivamente ambientales. La solución de todos estos conflictos es muy compleja, pero requiere ante todo sustituir la emotividad por la racionalidad, el rigor y el sentido común.
especialista en riegos de la Universidad de California entre 1976 y 1982, es actualmente secretario de Estado de Universidades e Investigación.
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