González llevará al Congreso un plan de prioridades para convencer de que quiere agotar la legislatura

El Vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, tienen el encargo del presidente del Gobierno, Felipe González, de preparar para septiembre un programa con las medidas que abordará el Ejecutivo hasta las municipales y autonómicas del próximo año. Se trata de un intento de frenar la estrategia del PP, según el cual este Gobierno lo único que puede hacer es anticipar las elecciones. Los socialistas aseguran que su programa electoral sigue vigente y, si no surge un nuevo caso de corrupción -en cuyo caso ya no se atreven a hacer pronósticos-, podrán demostrar que se toman medidas de gran calado.

La duda de González está en si debe presentar el programa ante el Parlamento junto con una cuestión de confianza o utilizar la fórmula inédita de "comunicación del Gobierno" a las Cámaras con medidas detalladas.Esta segunda opción tiene la ventaja de que sus posibles socios, sobre todo CiU, no se verían en la necesidad de votar una suerte de segunda investidura de Felipe González como ocurriría con la cuestión de confianza. Les bastaría con dar el apoyo a medidas concretas, con la esperanza de que muchas pudieran ser votadas por Izquierda, Unida y otros grupos.

El programa de prioridades comienza con una línea gruesa para destacar la Ley de Presupuestos Generales del Estado o "la política del Gobierno expresada en cifras", según medios gubernamentales. De este apartado se extrae para destacarlo el capítulo de gasto social, con especial énfasis en las pensiones y en las prestaciones por desempleo.

González quiere que se ponga de manifiesto que para el próximo año los pensionistas "mantendrán el poder adquisitivo". En voz baja, los socialistas reconocen que el mantenimiento de las prestaciones sociales repercutirá negativamente -aunque aseguran que no en los grandes proyectos- en el capítulo de infraestructuras.

La lucha contra la corrupción tiene su apartado especial no con nuevas normas, sino con la puesta en marcha de las ya aprobadas en el mes de mayo. El desarrollo de la unidad para la lucha contra el fraude y la corrupción del Servicio Jurídico del Estado, así como la fiscalía especial para la represión de delitos relacionados con la corrupción, son las dos fundamentales, consideradas de gran importancia por el Gobierno, aunque con la, percepción de que "nadie se ha enterado", según los interlocutores gubernamentales.

La discusión de los fondos de cohesión entre las comunidades autónomas, el debate autonómico en septiembre en el Senado, el desarrollo de distintas normativas sobre telecomunicaciones, la Ley del Comercio y la discusión en el Parlamento sobre la Ley Orgánica contra el Fraude Fiscal son medidas para las que el Ejecutivo pedirá apoyo. Esta última, aprobada en el Consejo, de Ministros de anteayer, tiene una clara intencionalidad política, al mantener el límite de cinco millones de fraude para considerarlo delito fiscal, cuando la idea inicial era elevarlo a 15 millones.

Es un mensaje a los ciudadanos, según fuentes gubernamentales, en el sentido de que no se van a poner paños calientes a la corrupción. Si se hubiera elevado a 15 millones el umbral mínimo del delito, el presunto fraude del ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, hubiera quedado fuera de los tribunales.

En matera de derechos y libertades, el Gobierno exhibirá el Código Penal "de la democracia". La ampliación de los supuestos de despenalización del aborto, la Ley del Jurado y nuevos supuestos para ampliar los permisos por maternidad son algunos de los proyectos que figuran en el programa de prioridades, en la confianza de obtener el apoyo de Izquierda Unida.

Aunque Felipe González aún no ha decidido la forma en que -presentará estas medidas a los ciudadanos, las dos que barajan sus colaboradores son la cuestión de confianza o lo que se llama reglamentariamente una "comunicación del Gobierno a las Cámaras", que permite acompañar resoluciones para ser votadas por los grupos.

En su elección, González tiene que conjugar los dos objetivos que pretende conseguir, según las fuentes informantes: que los ciudadanos perciban que "hay un Gobierno con una cartera repleta de proyectos" y que resulte avalado por las Cámaras sin poner a CiU, su principal socio, en una situación demasiado comprometida, no porque al Gobierno no le guste aparecer estrechamente unido a los nacionalistas catalanes, sino porque es a ellos a quienes no les seduce del todo la idea.

La fórmula de la comunicación a las Cámaras es menos rígida. Al tratarse de propuestas concretas, el apoyo puede ser más heterogéneo.

Personas del entorno del presidente aseguran que también han hablado de la posibilidad de hacer una gran conferencia de prensa especial para anunciar las medidas, como ocurre en muchos países cuando el jefe del Gobierno quiere comunicar algo a los ciudadanos. Dada la falta de costubre de González de hacer "comunicados a la nación", a través de todos los medios o de RTVE, esta opción prácticamente ha quedado descartada.