La huelga general en Argentina tuvo un seguimiento desigual
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La huelga general de ayer contra la política económica y social del Gobierno argentino, convocada por el sindicalismo opositor y declarada ilegal por el Ejecutivo, tuvo una incidencia parcial, más acusada en las provincias que en la capital y centrada en los sectores controlados por los convocantes. Los datos sobre su desarrollo difieren sensiblemente según fueran suministrados por éstos o por portavoces oficiales. Muchos trabajadores decidieron no secundar el paro temiendo el despido o represalias empresariales, y otros lo apoyaron para evitar el apedreamiento o la agresión de los piquetes más violentos.
Rechazándola por inoportuna, ni la oficialista y mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), ni los grandes gremios industriales se sumaron a una huelga organizada por los disidentes Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, fuertes en transporte, educación y entre los empleados estatales. El presidente argentino, Carlos Menem, calificó la movilización como. "antojadiza" y "sin sentido, ni fundamento", mientras que los promotores de la protesta subrayaron la necesidad de llevarla a cabo por considerar insoportables las consecuencias laborales y sociales del programa económico aplicado por la Administración.
La policía controló avenidas y estaciones y no acudieron al trabajo la mayoría de profesores de escuelas públicas y universidades. Por contra, funcionaron los trenes de cercanías, el metro, las gasolineras y los taxis. Empresarios y propietarios recurrieron en muchos casos a la contratación de personal para sustituir a los huelguistas. La opositora Unión Cívica Radical, liderada por Raúl Alfonsín, expresó su solidaridad con las reclamaciones de los sindicatos convocantes, mientras que el izquierdista Frente Grande se sumó a la protesta.
