La concesión de permisos a reclusos tiende a crecer este año, tras el cerrojazo de 1993
El Ministerio de Justicia e Interior y los jueces de Vigilancia Penitenciaria han concedido en los seis primeros meses de este año 87.427 permisos de todo tipo a personas recluidas en prisiones de la Administración central del Estado (todas excepto Cataluña). El bajo porcentaje de quienes aprovecharon la ocasión para huir concretamente el 0,30%- hace afirmar a las autoridades que esta política es acertada. La mayoría de los permisos fueron de fin de semana, apartado en el que el índice de evasiones fue del 0,04%.
La concesión de permisos carcelarios tiende a subir este año, tras el cerrojazo de 1993, motivado por el triple asesinato de las ni ñas de Alcàsser (Valencia) por, Antonio Anglés, un preso escapado en vacaciones. Un total de 9.497 presos disfrutaron durante el semestre pasado de 24.952 permisos ordinarios o extraordinarios. Este último supuesto está contemplado en la ley -con una duración máxima de 48 horas para situaciones de enfermedad grave de un pariente, nacimiento o fallecimiento de un familiar u otros motivos personales. En 240 casos, los beneficiarios no se reintegraron a la prisión.Durante esos seis meses, 5.467 reclusos tuvieron 62.475 vacaciones de fin de semana. El índice de fracasos fue solamente del 0,04%, según Asuntos Penitenciarios. Ante este hecho, fuentes del Ministerio de Justicia e Interior consideran que es injustificada la alarma social que a veces suele suscitarse por la concesión de permisos a presos. Este fenómeno se produce sobre todo cuando uno de éstos aparece implicado en un delito cometido durante el tiempo en que gozó de libertad.
El pase al tercer grado penitenciario de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados a más de 100 años por actividades vinculadas a los GAL, ha vuelto a poner de actualidad este tipo de situaciones, sobre todo porque suponen la concesión de un régimen de semilibertad para estas personas.
Medios penitenciarios recalcan que en España hay multitud de penados que gozan de una situación similar a la que desde ayer tendrán Amedo y Domínguez. Durante el presente año se han concedido 11.779 permisos ordinarios o extraordinarios a presos que ya disfrutaban de un régimen de semilibertad. Los jueces de Vigilancia Penitenciaria otorgaron 79 de esos permisos y hubo un, único caso de evasión.
Reinserción social
Fuentes oficiales sostienen que la política de reinserción de los delincuentes pasa por su paulatina reincorporación a la vida en libertad. Consideran que la concesión de permisos es una medida adecuada para llevar adelante este proyecto y recalcan que están dando buenos resultados los mecanismos de control establecidos para determinar el grado de peligrosidad de aquellos internos a los que se les otorgan.
El año pasado, por ejemplo, hubo 11.120 reclusos que disfrutaron de 45.908 permisos ordinarios o extraordinarios, registrándose 399 casos en que aprovecharon las circunstancias para prolongar estas vacaciones por su propia cuenta y riesgo. Sin embargo, en ese mismo año se produjo un frenazo en la concesión de permisos con relación a la línea ascendente que se venía' manteniendo hasta entonces. Las autoridades penitenciarias no explican a qué se debió este cerrojazo, pero fuentes jurídicas resaltan que tal hecho coincidió con el escándalo social desatado por el triple asesinato de las niñas de Alcàsser a manos de Antonio Anglés, un delincuente que utilizó un permiso durante la Semana Santa de 1992 para evadirse.
Las medidas de control establecidas para evaluar la conducta de los presos al obtener temporalmente la libertad han mejorado mucho en los últimos años, si se analizan los índices de quebrantamientos. En 1992, el año en que se concedió un mayor número de permisos ordinarios y extraordinarios (poco más de 53.000), el porcentaje de fugas fue del 0,99%. Por contra, en 1979 solamente se otorgaron 3.121 permisos de este tipo y, sin embargo, hubo un índice de fracasos del 3,65% (el más elevado de los tres. últimos lustros).
Experimentos con gaseosa
El crimen de las tres niñas de Alcásser, presuntamente a manos de Antonio Anglés, supuso una auténtica conmoción social y acarreó graves consecuencias para la población reclusa. Sobre todo por el duro enfrentamiento surgido entre los jueces y el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, que culpaba a aquéllos de tener una manga demasiado ancha para dar vacaciones a los presos, sin asegurarse antes de su escasa peligrosidad."Los experimentos, con gaseosa" sentenció entonces Corcuera, para dar a entender que, ante la duda, era preferible mantener a los presos bajo siete llaves antes que exponer a la sociedad a sus posibles fechorías.
Como consecuencia del triple asesinato perpetrado por un preso al que un juez de Valencia había autorizado a pasar las vacaciones de Semana Santa en libertad, centenares de reclusos se vieron afectados. Tras el hallazgo de los cadáveres de las tres niñas de Alcàsser, a fines de enero de 1993, hubo un serio recorte en la concesión de permisos: 7.121 menos que en 1992.
Ese caso fue la gota que colmó el, vaso de la alarma social, junto con otros similares cometidos también por presos: los asesinatos de las niñas oiga Sangrador y Leticia Lebrato.
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