El juez sospecha que Rubio cobró por la venta de la ficha de Banca Trelles a Ibercorp

El juez del caso Rubio, José Emilio Coronado, fundamenta el supuesto cohecho que pudo cometer el ex gobernador del Banco de España en "la proximidad temporal existente entre el visto bueno que el banco emisor da a la adquisición por Manuel de la Concha y sus socios [en Ibercorp] de una ficha bancaria [la de Banca Trelles] y el ingreso [en la cuenta de Rubio] de 115.873.998 pesetas. Así lo explica el magistrado en la comisión rogatoria que ha enviado a la justicia suiza para que ésta investigue las cuentas bancarias o cajas de seguridad que pudieran tener en ese país tanto el ex gobernador del banco emisor como el ex síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, así como sus familiares, amigos y supuestos testaferros.

El juez Coronado, basándose en la documentación que obra en el sumario, razona sus sospechas a los jueces helvéticos en los siguientes términos: "En fechas muy próximas a la del ingreso [en la cuenta de Rubio de los 115 millones, en noviembre de 1986], De la Concha y sus socios entraron en conversaciones con el Banco Español de Crédito, titular de la ficha bancaria de Banca Trelles. Aunque la legislación entonces vigente no exigía aprobación por parte del Banco de Españ de la venta de fichas bancarias a particulares, sí existía un acuerdo entre el banco emisor y los siete grandes bancos para que no se produjera ninguna venta de fichas bancarias sin el visto bueno del banco emisor"."De la Concha y sus socios", agrega el juez, "terminaron sus conversaciones con Banesto en marzo de 1987, y culminaron con el acuerdo de que Banesto vendería la ficha de Banca Trelles a De la Concha y sus socios por 600 millones de pesetas. Por esa razón, Banesto se dirigió al Banco de España el 18 de marzo de 1987 pidiendo el visto bueno a la venta de la ficha, la cual fue concedida por el banco emisor en el corto espacio de seis días".

El juez Coronado indica también en su escrito que la cuenta de valores 43107MM -opaca-, que Rubio tenía en el despacho de De la Concha, fue cancelada en noviembre de 1988, y que su saldo fue ingresado en una cuenta puente del Banco Ibercorp denominada Nalvi, cuenta que, a su vez, fue cancelada con un saldo aproximado de 400 millones de pesetas. Este saldo fue transferido a otra cuenta abierta en el mismo banco a nombre de SAP (Sociedad de Administración de Patrimonios), que terminó con 1.000 millones de pesetas.

Según el juez, los movimientos de estas cuentas se encuentran en la actualidad sometidas a examen pericial por este juzgado con el fin de determinar si los movimientos que en ellas se reflejan se corresponden, al menos en parte, con ingresos de origen no justificado por Rubio.

El juez Coronado indica en el escrito enviado a Suiza -que ocupa nueve folios- que los hechos en los que se ven envueltos Mariano Rubio y De la Concha "pudieran ser constitutivos" de los siguientes delitos: falsedad en documento oficial, contra la Hacienda Pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios (Mariano Rubio podría -según indicios- haber ocupado un puesto en el consejo de administración de un banco privado utilizando para ello a un pariente como testaferro), y uso de información privilegiada (posible favorecimiento injustificado por parte del Banco de España al Grupo Ibercorp).

El juez califica de "extrañas" algunas actuaciones "llevadas a cabo por el Banco de España" bajo el mandato de Rubio. "El banco emisor concedió a Ibercorp una línea de crédito de 5.400 millones en noviembre de 1991. La inspección del Banco de España sostuvo en un informe fechado en febrero de 1992 que Ibercorp era "inviable"; sin embargo, apunta el juez, la línea de crédito no fue retirada, sino reducida en mayo de 1992 a 3.000 millones de pesetas". Esta línea de crédito "se concedió, al parecer, sin que Ibercorp prestara las oportunas garantías, como parece obligado" .