Libertad de amortizacion e interés general

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se autoriza la libertad de amortización de1as inversiones generadoras de empleo. Dicho real decreto ha sido fruto de la proposición no de ley que a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán aprobó el Congreso de los Diputados el pasado 17 de mayo y cuya defensa tuve el honor de efectuar ante el Pleno.Dos son las reflexiones a que puede conducirnos dicha medida: la primera, más concreta, atañe a su propia finalidad, que no es otra que estimular la inversión empresarial y la creación de empleo; la segunda, más general, radica en la necesidad de que las instituciones generen el preciso clima de confianza para hacer posible la recuperación económica.

Algunos indicadores apuntan que nos hallamos ya en el buen camino: el descenso de los tipos de interés, que ha mejorado las expectativas de los agentes económicos, los sucesivos descensos de la tasa de desempleo, o la existencia de centenares de miles de nuevos empleos en los pasados meses de marzo, abril y mayo, todo ello confirma que el negro túnel de la recesión puede estar llegando a su fin.

Sin embargo, el Banco de España, en su último informe trimestral, ha resaltado la debilidad de dos indicadores económicos de suma importancia y notoriamente relacionados: la demanda interna y la inversión de bienes de equipo, cuya recuperación se está retrasando a la espera de signos más firmes de reactivación interna y externa.

Pero no sólo el Banco de España mantiene esta tesis. El Comisario Europeo responsable, de Asuntos Económicos y Financieros, señor Christophersen, justifico el pasado mes de mayo que las previsiones económicas de la Comisión resultasen menos favorables para Espafia que para otros países de la Unión en la escasa actividad inversora de nuestro país. Así, mientras que la Comisión prevé que la formación bruta de capital crecerá el 116% este año y el 4,9% en el ano próximo en el conjunto de la Unión Europea, en España sus previsiones se cifran respectivamente en un des censo del 1,3 y un posterior aumento del 2,6 para los años indicados.

A todo,ello viene a dar respuesta la proposición no de ley de libertad de amortización de inversiones generadoras de empleo y el subsiguiente real decreto aprobado la semana pasada. Una de las mayores preocupaciones de las empresas radica, como es lógico, en optimizar su capacidad de inversión mediante el mayor uso posible de recursos propios y evitar así la necesidad de, recurrir a financión externa, normalmente demasiado gravosa.

La medida ahora regulada permite a las empresas adquirir activos fijos productivos en 1994 y adelantar las previsiones de amortización de los mismos, de tal manera que, al aumentar éstas, puedan rebajar su base imponible del impuesto de sociedades o de la renta y desplazar hacia períodos futuros el pago de impuestos, con lo que una mayor parte de los, recursos generados pueden destinarse al, pago de las inversiones efectuadas.

Es cierto que ello redunda en perjuicio de la recaudación fiscal inmediata, pero la mayor productividad de, las empresas, la generación de mayor actividad y las contrataciones laborales derivadas constituyen alicientes de, no poca importancia. No hace falta recurrir a complicados y discutidos multiplicadores keynesianos para deducir los efectos, siempre beneficiosos y tonificantes, del aumento de la inversión respecto de¡ crecimiento.

No conviene limitar los efectos de la libertad de amortización a meros aspectos fiscales. Téngase en cuenta que la elevación de las cantidades destinadas a amortización comporta facilitar a nuestras empresas una mejor adaptación a los grandes y rápidos avances tecnológicos que se producen en la actualidad. Regular y coartar con criterios obsoletos la capacidad de adaptación de nuestras empresas supone hipotecar no sólo su competitividad futura, sino la de todo el conjunto nacional. Tratamientos informáticos, bienes de equipo de tecnología avanzada son sólo algunos ejemplos de inversiones cuya amortización real ha de efectuarse con mayor rapidez que la prevista en las anquilosadas tablas del Impuesto de Sociedades, si se desea pertenecer a una economía competitiva y avanzada.

Pero no se trata de una mera liberalización de amortizaciones similar a la aprobada en 1985 siendo Miguel Boyer ministro de Economía y que tan beneficiosos efectos comportó. En el presente supuesto., la libertad de amortización se restringe y condiciona a la cifra de 15.000.000 de pesetas por cada empleo nuevo que la empresa genere y mantenga durante dos años en relación a la plantilla media de los 12 meses anteriores. Esta vinculación entre mayor capacidad de amortización y generación de nuevos empleos tiene su innegable razón de ser en el hecho de que, en hipótesis, una mayor inversión podría repercutir en la sustitución de puestos de trabajo por capital y conllevar efectos nefastos en la política de empleo. La necesaria relación entre la cantidad susceptible de ser amortizada y la creación efectiva de nuevos puestos de trabajo comporta, en síntesis, que a mayor creación de empleo, mayor capacidad para amortizar fisicamente los activos adquiridos.

Una medida así, como de una manera u otra se reconoció por parte de todos los grupos políticos en el Congreso, sólo puede comportar una anticipación de las inversiones que hasta este momento no se han producido por las dudas e inseguridad de nuestros agentes económicos, y, consecuentemente, un aumento de la inversión y del empleo, es decir, una sustancial mejora de los indicadores que hasta la fecha más se resisten a abandonar la situación de recesión económica.

La OCDE acaba de publicar un informe relativo al desempleo en el que urge a los gobiernos a buscar nuevos empleos a través de una reactivación de la economía. Entre otras medidas, se aconseja fomentar la investigación científica y crear un entorno favorable para atraer a las pequeñas y medianas empresas. Con la libertad de amortización aprobada se emprende un camino conducente a dichos objetivos.

He indicado antes la existencia de una segunda cuestión digna de comentario: en determina das ocasiones, algunos medios de comunicacion han pretendido crear la falaz opinión de que el soporte parlamentario al Gobierno de Felipe González por parte de CiU se debía a la existencia de acuerdos y medidas que podían resultar discriminatorios para el conjunto nacional. Y, sin e mbargo, no han considerado que la premisa básica y el leitmotif de los acuerdos puntuales alcanzados no eran otros que la inmediata adopción de medidas en favor de la economía productiva. Un buen ejemplo de ello lo ha sido precisa mente la proposición no de ley de libertad de amortización presentada por CiU, y que fue en su día objeto de acuerdo entre el Gobíerno y el Grupo Catalán. ¿Su pone dicha medida un impresentable conciliábulo catalán y un chantaje al Gobierno? ¿Redunda acaso en perjuicio de la economía española?

Es de suponer que cada grupo parlamentario dispone de sus propios programas de política económica. El de CiU no persigue otro objetivo que la salida de la crisis, la recuperación económica y el fomento del tejido productivo. Y por ello se han propuesto diversas medidas al Gobierno que, por existir acuerdo, han dado lugar a su tramitación y aprobación.

Es lícito que otros partidos ofrezcan su apoyo si existe respaldo a sus iniciativas políticas. Los resultados electorales andaluces proporcionarán tal vez un buen ejemplo de negociación entre formaciones ahora divergentes. Pero lo que ha de quedar claro es que el apoyo parlamentario no se ofrece a un partido o a un gobierno, sino que se destina a determinadas políticas.

Una de las medidas que en su día reivindicamos desde Unió Democrática de Catalunya fue la libertad de amortización de las inversiones generadoras de empleo. Ahora es una realidad. Existen otros objetivos, siempre en la misma línea de claro soporte a la actividad productiva, cuales son, entre otros, la prórroga a sucesivos ejercicios de la libertad de amortización ahora aprobada para 1994 e incluso, con mayor ambición, la regularización de balances y la eliminación de la doble imposición.

Es deseable que no continúe la actual ceremonia de confusión; es conveniente que se examinen los hechos antes de avivar la demagogia y la polémica. Y, por encima de intereses par tidistas, es necesario, en pro de la estabilidad y la credibilidad, que los políticos demostremos ser capaces de trabajar en pro del interés general Interés general que, aquí y ahora, tiene en la superación de la crisis uno de sus principales objetivos