12.780 personas están en prisión en España sin haber sido condenadas por los jueces

Doce mil setecientas ochenta personas están en prisión preventiva en las cárceles españolas, donde hay un total de 48.900 internos. Eso supone el 26% de la población reclusa, lo que fuentes penitenciarias consideran "nor mal" y porcentualmente "muy inferior" a la cifra que había hace cuatro años. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que se decretará la prisión provisional cuando el juez, lo considere "necesario" por "las circuntancias del hecho, la alarma social que su comi sión haya producido o la frecuencia con la que se cometan hechos análogos". Juristas y abogados penalistas atribuyen la reducción de preventivos a la mayor rapidez en los juicios y a que los magistrados tienden a aplicar la medida de prisión en casos extremos.

El número de internos preventivos en los centros penitenciarios se mantiene prácticamente estable durante los últimos cuatro años. Eso supone una evidente, disminución porcentual en relación con la creciente cifra global de reclusos, según datos facilitados por la secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios referidos a los centros dependientes de este organismo (todos excepto los de Cataluña). En paralelo ha ido ascendiendo de forma espectacular la cifra de penados.El artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisión preventiva puede prolongarse hasta un máximo de cuatro años si hay circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser juzgada antes y si el juez entiende que "el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia". El instructor tiene potestad para decretar la libertad bajo fianza del inculpado si cree que éste no va a escapar o si su delito no ha producido alarma social.

La legislación permite a los jueces actuar con gran discrecionalidad, lo que motiva que la opinión pública se sienta a veces desorientada ante decisiones diferentes para casos similares. En los magistrados pesa mucho la repercusión social de sus decisiones, Io que quizá está llevando a un endurecimiento en la medida de la prisión preventiva para casos sonados.

Un ejemplo puede ser el encarcelamiento del ex responsable de finanzas de UGT y presidente de la cooperativa PSV, Paulino Barrabés, por orden del juez Miguel Moreiras, que dos semanas después acordó su libertad a cambio de una fianza de sólo 10 millones de pesetas.

Una medida con riesgos

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ha alertado sobre "el riesgo de que un juez dicte una prisión preventiva como método de investigación, cuando en realidad la naturaleza de esa medida cautelar no es la de investigar, sino la de asegurar el resultado del juicio con la obtención de pruebas".La "alarma social" ante los casos de corrupción, sobre todo tras la fuga del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, explica posiblemente el encarcelamiento preventivo de Carlos Sotos y Paulino Barrabés, directivos de la cooperativa de viviendas PSV, vinculada a UGT. En otra situación, es posible que el juez no hubiera acordado una medida tan dura, ya que no es previsible que ninguno de ellos eludiese la acción de la justicia, según fuentes jurídicas.

La frecuencia con que personajes públicos ingresan en prisión en los últimos meses contrasta con lo que sucedía anteriormente. Tradicionalmente los jueces han ordenado el encarcelamiento de presuntos delincuentes desarraigados, sin trabajo ni domicilio conocidos, acusados de robos, tráfico de drogas y agresiones contra las personas.

En la actualidad, la tendencia judicial es ordenar prisión preventiva sólo para supuestos terroristas, narcotraficantes, atracadores, secuestradores, homicidas y violadores, mientras que se evita hacerlo en casos de robo u otro tipo de delitos contra la propiedad.

En 1990 había en las prisiones 28.358 internos, el 38% de los cuales lo estaba en calidad de preventivo (10.801 personas). En 1991 había 32.399 reclusos, el 35,4% en régimen de preventivos (11.471 personas). En 1992, la población reclusa era de 35.918 personas, de las que el 32,4% estaban detenidas cautelarmente (11.662). El año pasado había 39.640 presos, de los que el 29,5% lo estaban preventivamente (11.699 personas).

Durante el presente año continúa la misma línea. El 1 de abril pasado se encontraban privadas de libertad un total de 41.771 personas, de las que 11.840 lo estaban con carácter preventivo. Tres meses después, es decir, el 1 de julio pasado, la cifra de detenidos cautelarmente en las prisiones dependientes del Gobierno central bajó a 11.075.

El Consejo General del Poder Judicial estima que el número de causas en las que hay presos preventivos "ofrece los niveles que, cada vez con mayor razón, pueden estimarse como normales y representativos de la situación de tales procedimientos" en los tribunales, según consta en la recientemente aprobada memoria de dicha institución.

La prisión cautelar es una medida que se ha convertido en objeto de debate, sobre todo a causa del encarcelamiento del ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio; el ex síndico de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha; la ex directora del BOE, Carmen Salanueva; o Blanca Rodríguez-Porto, esposa del ex director de la Guardia Civi, Luis Roldán. En la mayoría de los casos, sus abogados están convencidos de que los jueces no habrían decretado su privación de libertad si no se hubiera tratado de personajes públicos.