Los magistrados creen que el recurso a la cárcel se usa con moderación

Las asociaciones judiciales y fiscales coinciden con la mayoría de los juristas consultados en que en España se está haciendo un uso moderado de la prisión preventiva en la lucha contra la corrupción, al tiempo que rechazan la medida adoptada en Italia por el primer ministro, Silvio Berlusconi -después rectificada-, que permitió la excarcelación de centenares de acusados de conductas corruptas.

Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional -órgano competente en materia de delitos económicos- declaró que "la ley permite en España una amplitud desmesurada en la aplicación de la prisión preventiva, pero es la ley". Respecto a su aplicación judicial, recordó que "el escándalo se produce cuando la medida se aplica a las élites". Para Auger, "el problema de Italia no tiene nada que ver con la prisión preventiva, sino de la demolición del Estado de derecho, si Berlusconi hubiera mantenido su decreto".

Sobre la aplicación judicial española de la prisión preventiva, el magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, señaló: "Cualquier medida de privación de libertad en el curso de una investigación criminal tiene que estar ajustada al más absoluto respeto al principio de proporcionalidad".

Para el magistrado del Supremo, "la ley de Enjuiciamiento Criminal indica una serie de pautas a los jueces, que tienen la responsabilidad de interpretar la alarma social y la personalidad del sujeto investigado y hacer un pronóstico sobre la posibilidad de que pueda sustraerse a la acción de la justicia y la gravedad de la pena asignada al delito investigado es otro elemento a tener en cuenta por el juez; en todo caso, cuando no hay riesgo de huida, la medida apropiada es la libertad, con o sin fianza".

El caso italiano

Martín Pallín, uno de los candidatos a defensor del Pueblo, coincide con Clemente Auger en la gravedad de la decisión gubernamental italiana y estima que "sólo por vía parlamentaria pueden corregirse normas procesales como las que preven la prisión preventiva, mediante la modificación de la legislación procesal criminal".Otro magistrado, Javier Martínez Lázaro, juez de lo Penal número 4 de Madrid, califica la inicial decisión de Berlusconi como "una barbaridad" y cree "especialmente descabellada la consecuencia de sacar a la calle a tanto acusado de corrupción".

En cuanto a la aplicación que se hace en España de la prisión preventiva, Martínez Lázaro coincidió con la mayoría de sus compañeros: "No creo que sea excesiva, sino por lo general adecuada".