"No se debe nunca administrar justicia para la galería"

Pascual Sala tiene sobre su mesa de noche El jardín de las dudas, de Fernando Savater, que terminará de leer este verano, entre "ratos de playa y algún corto viaje". El presidente del Tribunal Supremo dedicará también sus vacaciones, "entre otras cosas", dice, "a escribir el discurso de apertura del año judicial", que pronunciará ante el Rey el 12 de septiembre próximo. Este año "quizá aborde alguno de los problemas básicos del desarrollo procesal". Uno de los que más le preocupa es la delimitación del papel del fiscal y el juez en la investigación penal, que tiene mucho que ver con el protagonismo de los jueces para ordenar la prisión preventiva.Pregunta. ¿Qué le parece el decreto de ida y vuelta de Berlusconi?

Respuesta. Una imprudencia y una inoportunidad. La prisión preventiva o la libertad provisional no pueden legislarse con esa ligereza ni vincularlas a un delito del terminado. La ley exige generalidad. Hacerlo como pretendía Berlusconi habría sido una barbaridad.

P. ¿No le recuerda ese decreto las decisiones de algunos jueces españoles, que a los 15 días de detener a una persona cambian de criterio sin que hayan cambiado las circunstancias?

R. Es un problema distinto, derivado de que aquí no está definido el papel del fiscal y el del juez en la investigación, por desconfianza, según dicen, hacia la autonomía e independencia del ministerio fiscal. En España, el que investiga es el juez, que al mismo tiempo adopta medidas preventivas, entre otras la privación de libertad. El fiscal sólo interviene en la investigación como un colaborador de segundo grado y un controlador, a través de los recursos, de la actividad investigadora del juez. En gran medida, los papeles están cambiados.

P. El juez tiene la llave.

R. Sí, pero hasta el punto de que es el único proceso penal del mundo en el que el fiscal es un espectador de la investigación, más que un protagonista, Si el juez que investiga no puede enjuiciar, ¿por qué sí puede privar de libertad? Sería conveniente arbitrar o bien un recurso rápido al órgano superior del juez instructor o, por el contrario, separar la función de investigar y la de dictar medidas graves como la pérdida de la libertad.

P. Usted suele ser reacio a esas medidas ejemplarizantes...

R. Porque la justicia no debe ser ejemplar, que es tanto como desigual. La justicia es justicia, sin adjetivos, y no se debe nunca administrar para la galería ni sometido a presiones sociales o ambientales. Esa es la independencia más difícil.

P. ¿Con qué frecuencia habla con el ministro Juan Alberto Belloch?

R. Menos de lo que sería conveniente. Está muy ocupado.

P. ¿Con qué parte de él habla más, con Justicia o Interior?

R. Con Interior no hablo nunca. Hablo con Justicia, en concreto con María Teresa Fernández de la Vega [secretaria de Estado de Justicia].

P. ¿Ha habido tensión con Belloch o algún alto cargo sobre los horarios judiciales?

R. Tensión no. Rectificación. Lo que se pretende es que se cumpla el horario rigurosamente y no se eluda el control. El CGPJ se ha echado encima la carga del control, como un reto y una responsabilidad. Esperemos que ahora el Ministerio de Justicia e Interior, al que trasladaremos los incumplimientos, los asuma y sancione como corresponde.

P. En el informe sobre la ley del Aborto, que ha quedado para septiembre, ¿prevé un debate moral o político?

R. Técnico-jurídico, aunque en esta materia subyace un aspecto moral y subjetivo, que hay que respetar.

P. La llegada masiva de mujeres a la judicatura, ¿qué aportación ha supuesto en la forma tradicionalmente masculina de administrar justicia?

R. Las mujeres aportan más criterio. Dudan menos. Son más rápidas y eficaces que los hombres. Estadísticamente, su llegada ha sido beneficiosa.

P. ¿Qué harán usted y el Consejo del Poder Judicial si en 1995, al terminar su mandato, el PSOE y el PP siguen sin ponerse de acuerdo para elegir uno nuevo?

R. Confío en la responsabilidad y el buen juicio de las personas.

P. ¿Qué le parecería la elección popular directa y a fecha fija de los 12 vocales judiciales, a propuesta de las asociaciones de jueces y magistrados?

R. Sería constitucional, pero de una complejidad excesiva. No sé hasta qué punto concitaría el interés popular.

P. ¿Qué aportación a la democratización de la justicia ha hecho la elección parlamentaria del Consejo, en relación con el sistema anterior a 1985?

R. Es muy difícil calibrarlo. Quizá una mayor apertura o visión de los problemas externos de la justicia y una mayor conexión, con los intereses de los ciudadanos. El anterior sistema, llamado corporativo, daba la mayoría absoluta y, por lo tanto, todas las potestades del Consejo, a los 12 consejeros elegidos por los propios jueces.

P. Si se celebran pronto elecciones y gana el PP, ¿qué haría usted al frente de un CGPJ distinto al modelo del nuevo partido en el poder?

R. Lo mismo que he hecho cuando ha gobernado el PSOE, cumplir con mi obligación.

P. ¿No le preocupa el cambio de mayoría en el Consejo como consecuencia de la victoria del PP?

R. En absoluto. Nunca he necesitado mayorías. Siempre se han producido las votaciones con la aportación de los supuestos -que yo nunca he creído que los haya- sectores del Consejo. Ya en este CGPJ me he quedado a veces en minoría.

P. La proliferación de noticias judiciales, ¿le agrada o le preocupa?

R. Normalmente, no me agrada.

P. ¿Por qué?

R. Porque la mejor justicia siempre es la discreta y el mejor juez el discreto. Un juez discreto siempre sabe imprimir discreción a cualquier investigación, embridarla y que no se le escape de las manos. Eso no quiere decir que el juez no tenga conexión con los medios de comunicación social, pero no debe buscarlos. Es el períodista el que cumple con su deber buscando al juez, no al revés.

P. ¿Cree correcto el tercer grado penitenciario para los policías Amedo y Domínguez?

R. No he estudiado el caso, pero las leyes están para aplicarlas a todas las personas y si la ley general penitenciaria lo permite, me parece correcto.

P. ¿En qué se parece el caso Filesa a un procedimiento abreviado?

R. Desde luego, no en la brevedad.

P. Ha pasado más de medio año desde que un grupo de magistrados del Tribunal Supremo quiso quejarse al Rey por una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ve usted indicios de que el gesto se repita?

R. No, pero sigue candente el problema y sin resolver. Es necesario delimitar los ámbitos de las jurisdicciones ordinaria y constitucional. Está sin desarrollar un mandato constitucional, que da carácter preferente al recurso judicial ordinario en defensa de derechos fundamentales, y subsidiario al constitucional.