102 clientes del Santander ocultaron más de 250 millones cada uno en cesiones de créditos

Un total de 102 clientes del Banco Santander que participaron en las operaciones de cesión de créditos entre 1987 y 1989 superaron los 15 millones de defraudación en cuota a Hacienda, bien por rendimientos de las inversiones o por incremento de patrimonio. Ello equivale a haber ocultado al fisco más de 250 millones cada uno. La cantidad total ocultada a Hacienda por estos clientes del Santander ronda los 30.000 millones. Así se desprende del informe de la Agencia Tributaria remitido al juez Miguel Moreiras para su unión al proceso abierto por presunto delito fiscal y falsedad documental. Este informe permitirá avanzar con más rapidez en el caso de las cesiones de crédito.

Fuentes jurídicas que conocen el caso han precisado que los clientes del Santander que figuran en la relación remitida por Hacienda han sido citados, para diciembre de este año y enero de 1995 para que expliquen ante el juez si han regularizado o no su situación fiscal.Hacienda ha conseguido que, a través de declaraciones complementarias, los clientes del Santander implicados en este caso le hayan pagado ya más del doble de la cantidad defraudada, ya que al importe del fraude hay que sumarle la multa correspondiente y los intereses de demora, que en los años referidos se situaban en tomo al 14%.

Fuentes jurídicas próximas al Banco Santander señalaron que la casi totalidad de los clientes que figuraban en los listados de operaciones de cesiones de créditos han realizado declaración complementaria, por lo que se puede decir que más del 97% de los 401.503 millones que según Hacienda no habían sido declarados por estas operaciones, ha sido regularizado. También según estas fuentes se regularizó más del 97% de los incrementos patrimoniales producidos por esas operaciones, que superaban los 12.000 millones. Hacienda prefirió no comentar estos datos.

Responsabilidades

Fuentes próximas al caso consideran que la dirección del Banco Santander, que ofreció a sus clientes más importantes un producto financiero fiscalmente opaco que realmente no lo era, debe ser considerada coautora por cooperación necesaria en los delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública en los que hayan incurrido los clientes. En opinión de estas fuentes, la responsabilidad de los gestores del banco que hubieran creado y ofertado el producto financiero de las cesiones de crédito permanece incluso aunque los clientes hubieran regularizado. Este extremo no es compartido por algunos expertos juristas y catedráticos de Derecho Penal, quienes consideran que la responsabilidad de la dirección del banco se extingue en el mismo momento en el que los clientes hayan regularizado, pues deja de haber delito.La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin embargo, ha expuesto que regularizar la situación tributaria no extingue el delito fiscal y que las falsedades son un delito en sí mismo y que deben ser penadas de forma independiente del delito fiscal.

El juez instructor ha señalado en varias resoluciones que las cesiones de crédito tal y como las hizo el Santander no se ajustaban a la legalidad tributaria vigente y fueron concebidas y utilizadas "como un instrumento para facilitar a sus clientes la defraudación a la Hacienda Pública".

El caso de las cesiones de créditos se destapó en 1992 a raíz de un informe del director general de la inspección de Hacienda al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, que lo puso en conocimiento del juez Moreiras. El informe se refería a unas 40.000 operaciones de cesión de créditos realizadas a través del Banco Santander entre 1987 y 1989 y en las que en muchos casos se habían utilizado a personas interpuestas. La mayoría de estas operaciones se habían hecho con dinero negro, debido a que la entidad bancaria ofrecía su producto financiero como opaco fiscalmente, ya que no era necesaria retención alguna para Hacienda. Moreiras estableció, de acuerdo con la postura de la Agencia Tributaría, que las cesiones de crédito eran unos depósitos irregulares.

Después de que compareciese a declarar toda la cúpula directiva del Santander, Moreiras fijó una fianza a la entidad como responsable civil subsidiaria de 8.000 millones, que luego rebajó a 3.500 y finalmente dejó sin efecto.