La Comunidad rescata un fallo del Constitucional para legitimar su veto a los nuevos barrios del PP

El Gobierno regional del PSOE ha rescatado una sentencia del Tribunal Constitucional para demostrar que la Comunidad de Madrid es la máxima autoridad urbanística de la región. El Ejecutivo que preside Joaquín Leguina rechazó la semana pasada el plan del Ayuntamiento de Madrid para crear seis nuevos barrios (72.137 casas) en la periferia. La Comunidad, según el fallo judicial aludido por los socialistas, puede vetar la propuesta de un municipio si perjudica a otras localidades. Además, el plan de vivienda del PP incumple varias leyes, según la Consejería de Política Territorial.

El 19 de octubre de 1989 el Tribunal Constitucional desestimó un recurso presentado por 50 diputados nacionales del Partido Popular contra la ley de la Comunidad de Madrid de creación del Parque Regional del Manzanares. Los parlamentarios populares, representados por José María Ruiz Gallardón, sustituido tras su fallecimiento por Federico Trillo, utilizaron varios argumentos para apuntalar su reclamación. Uno de ellos, el derecho de los municipios a decidir su ordenación urbanística. Según el PP la aprobación del nuevo espacio natural por parte del Gobierno regional robaba competencias a las localidades afectadas por los límites geográficos del nuevo parque.El Constitucional no lo interpretó así y mantuvo que la Comunidad de Madrid actuó legal mente defendiendo el interés de varios municipios. El tribunal respaldó la competencia de la autonomía para resolver conflictos o aprobar planes: "Entre el interés local y el intérés supralocal predomina este último", sentenció el Constitucional. A este fallo se agarra ahora el ejecutivo madrileño. La Comunidad mantiene que su veto al Ayuntamiento de Madrid y al plan de vivienda del PP no afecta, a la autonomía municipal ya que las competencias plenas para la ordenación urbanística del territorio corres pondon al Gobierno regional.

Los dirigentes autonómicos rescatan el fallo 170/89 del Constitucional. para legitimar su intervención, con la que bloquean en nombre del interés supramunicipal los crecimientos futuros ideados por el PP.

Las nuevas viviendas que propone el PP en cuatro distritos periféricos (Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Vallecas Villa, y Carabanchel) perjudican el desarrollo futuro de Rivas Vaciamadrid, Leganés, Alcobendas, Alcorcón y Getafe, según el ejecutivo regional. Todos estos municipios presentaron alegaciones contra las intenciones expansionistas de Madrid.

"Obstrucción electoralista"

Sin embargo, el gobierno municipal mantiene que el acuerdo final de la Comunidad respecto a los nuevos barrios tendría que haber sido "un mero acto de control". Sobre el veto impuesto, asegura el PP que se trata de una clara "obstrucción electoralista y una tomadura de pelo a la ciudadanía".La Comunidad de Madrid también afirma que el plan de vivienda del PP es Ilegal, según una de las conclusiones del informe jurídico elaborado por la Consejería de Política Territorial. Se incumplen, según los técnicos regionales, las leyes sobre carreteras del Estado y de la Comunidad, "al no haberse sometido las propuestas municipales a informe previo de las administraciones central y regional".