Francia da el visto bueno a una ley que pemitirá vigilar a los ciudadanos con vídeos en las calles

El Senado francés dio ayer su visto bueno a un proyecto de ley que permitirá vigilar mediante cámaras de vídeo las calles y lugares públicos y registrar sistemáticamente los vehículos en un radio de 10 kilómetros en tomo adonde se celebre una manifestación. El presidente de la República, el socialista François Mitterrand, advirtió hace dos semanas que el proyecto implicaba limitaciones graves sobre el derecho de manifestación.

Un diputado comunista dijo ayer que el texto era "liberticida", y la Unión Sindical de Magistrados afirmó que se trataba de "un atentado contra las libertades individuales".La feroz oposición de socialistas y comunistas no pudo nada contra el rodillo de la mayoría conservadora: el proyecto fue aprobado por 228 votos contra 86 en la cámara alta de Francia. La llamada Ley de Seguridad presentada por el ministro del Interior, el ultraconservador Charles Pasqua, será definitivamente planteada a la Asamblea Nacional (cámara baja) después de las vacaciones. Y, visto el apoyo de gaullistas y giscardianos en el Senado, no deberá tener problemas para entrar en vigor antes de fin de año.

La vigilancia por cámara ha suscitado numerosas objeciones de juristas y asociaciones cívicas. Las imágenes quedarán grabadas en una cinta, y por lógica registrarán los movimientos cotidianos de un mismo grupo de personas: los que vivan, trabajen, o circulen habitualmente por ese lugar. Técnicamente, esa sucesión de datos sobre una misma persona debería constituir un fichero y, por tanto, estar sometida al control de la Comisión Nacional de la Informática y. las Libertades (CNIL), encargada develar por el respeto *a la intimidad de los individuos frente a los ordenadores gubernamentales. Los senadores conservadores se negaron en redondo, sin embargo, al control de las grabaciones por parte de la CNIL.

Las únicas limitaciones al ojo electrónico de los funcionarios públicos serán la destrucción de las grabaciones en un plazo máximo de un mes (salvo intervención de un juez), la prohibición de dirigir las cámaras "hacia las entradas y el interior de edificios de residencia", y la notificación al público de la existencia de cámaras, aunque dicha información podrá darse de forma general y no en el lugar concreto donde se produzcan las filmaciones.

El otro punto conflictivo de la ley se refiere a las manifestaciones. La policía podrá registrar cualquier vehículo que circule dentro de un radio de 10 kilómetros en torno a una manifestación, lo que supone que, en caso de celebrarse una en el centro de París, podrá ser abierto prácticamente cualquier coche en la ciudad. El límite de los 10 kilómetros fue introducido en el Senado, ya que el proyecto no incluía originalmente ninguna distancia máxima y el ministro Pasqua sugirió luego una distancia de 30 kilómetros.

El proyecto de ley prevé, además, que cualquier persona condenada por actos de violencia en una manifestación sufrirá, al margen de la condena penal, una automática sanción administrativa: hasta tres años sin derecho a manifestarse, en caso de ser ciudadano francés, y hasta tres años de expulsión de territorio francés, en caso de ser extranjero.

Pescadores y estudiantes

El objetivo de la medida es, según el ministro del Interior, Charles Pasqua, la "detección e intercepción de posibles armas con destino a determinados manifestantes". Los incidentes violentos producidos en marzo y abril, durante las manifestaciones de los pescadores de Rennes o los estudiantes de Lyon, París y otras ciudades, fueron según Pasqua "el tipo de cosas que se quiere evitar". En dichas manifestaciones se utilizaron palos, tirachinas y cócteles molotov, pero los mayores destrozos fueron ocasionados por el lanzamiento de simples adoquines y el incendio de automóviles y mobiliario urbano.El ex ministro y senador conservador Christian Bonnet criticó a la oposición de izquierdas por "banalizar la comisión de delitos" con su resistencia al proyecto, y señaló que "como afirma el preámbulo de la ley, la seguridad es un derecho fundamental que hay que proteger por todos los medios". El ministro de Relaciones con el Senado, Roger Romani, afirmó a su vez que "los derechos del gamberro, del vándalo, del ladrón, no pueden estar por encima de los derechos cívicos".