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Tribuna:

Liberalismo 'de asalto'

La excesiva dimensión e intervención del Estado es ya un tópico por casi todos compartido. Hay demasiados controles, intervenciones, rigideces, funcionarios e impuestos. Por eso, desde la derecha y la izquierda modernas se urge la desregulación y la privatización. Pero la experiencia demuestra que nada hay más peligroso que abrir el portillo de los tópicos y, tras convertir éstos en dogmas, llevarlos a la práctica. La hiperextensión de lo público se debe a tal planteamiento, que ha te nido efectos económicos y sociales nunca queridos por sus promotores. Pero ahora puede ocurrir otro tanto en sentido in verso. Si el intervencionismo ha dejado mucho que desear, el liberalismo tópico puede dar mucho que lamentar. Y no dejo de ver dogmáticos socialdemócratas de ayer convertidos en fanáticos liberales de hoy.Las leyes del mercado son excelentes a la hora de afectar recursos, pero un gran liberal como Röpcke sabía que hay bienes "más allá de la oferta y la demanda". En España sabemos ya que el mercado televisivo favorece la televisión basura y en breve lo comprobaremos con las titulaciones universitarias, por sólo citar dos ejemplos de máxima gravedad. Cuando lo que se oferta y demanda no es propio del "comercio de los hombres" o este comercio no se enmarca en reglas imperativas muy estrictas, el mercado se transforma en rastro. Y el rastro no beneficia al consumidor, sino al chalán.

Pero, sin necesidad de ponerse dramático, quiero llamar la atención del lector sobre estos fenómenos importantes, a mi juicio cargados de riesgo.

Primero, el seudoliberalismo, consistente no en reducir el tamaño de lo público, sino en disfrazarlo de privado, con la consecuencia de eliminar los controles y las garantías propias del Estado de derecho y aumentar los riesgos de abuso de poder y, más concretamente, del mal uso de los recursos económicos del poder.

El fenómeno es frecuente, como demuestra la quiebra de los principios presupuestario y del control previo del gasto, la decadencia del sistema clásico de contratación administrativa, la proliferación de técnicas privadas de gestión otrora pública y, en fin, todas las vías de la huida del derecho administrativo al derecho privado ejemplarmente estudiadas por mi admirado amigo Gaspar Ariño.

Su consecuencia, querida o no, es que el gasto público no se controla, ni en su cuantía ni en su finalidad, y la responsabilidad se diluye.

Los riesgos son aún mayores cuando la privatización de actividades públicas no sólo es formal, sino que afecta al sujeto activo. Baste pensar en lo que supone la aceptación de la seguridad privada -hoy incluso encargada del Patrimonio Nacional- Se trata nada más y nada menos que de invertir el fuste histórico del Estado moderno y de transferir a manos de particulares, a cambio de un tributo feudal, lo que era esencia del Estado. De la mercantilización de la seguridad a la disolución de la seguridad en la autotutela no hay más que un paso. La nueva Edad Media puede suponer la pérdida de la vieja paz pública.

Pero los riesgos mayores no surgen en estos equivocados vericuetos que, por su carácter erróneo, un Gobierno sensato, liberal o no, sabría evitar, sino en los efectos no queridos de las medidas liberalizadoras, en sí correctas, pero cuyo aquí y ahora no puede dejarse en manos de dogmáticos.

La empresa pública es incompetitiva y ruinosa, y la protección social, costosa y propensa al abuso y, por tanto, a la desmoralización. Sin embargo, un proceso acelerado de privatizaciones y un desmantelamiento de la red de protección social puede dar al traste con valores aun más importantes que la eficiencia económica y de los que ésta también depende, como es el caso de la cohesión social.

Con razón se ha comparado por sus ilustres partidarios la privatización con la desamortización, y es más que posible que las nuevas manos muertas deban ser desamortizadas. Pero la desafortunada desamortización de Mendizábal, fruto del dogmatismo tópico y de necesidad fiscal, tuvo un incalculable coste cultural e incluso ecológico, y fue la raíz de tres guerras civiles. El ejemplo debe hacer pensar a los partidarios de nuevas desamortizaciones la prudencia con que hay que operar a la hora de cerrar empresas o recortar prestaciones.

No cabe sustraerse a la fuerza normativa de los hechos (la escasez de los recursos, los imperativos de la competitividad, los datos de la demografía). Pero sí cabe analizar y exponer mejor sus causas y consecuencias, dar a luz alternativas credibles, consensuar soluciones. Lo que es insensato es atentar al ya muy dañado tejido de la sociedad -desde la tecnoestructura política y económica en nombre de los tópicos de hoy- con la misma ingenuidad que se hizo con los tópicos de ayer.

Los efectos no queridos de este liberalismo pueden ser tales que abran el portillo a soluciones nada liberales. Imprudentes medidas de choque pueden provocar la reacción victoriosa de la izquierda intervencionista y proteccionista. Así ha ocurrido en el Este y podría ocurrir en España. Y, en sentido contrarió, un autoritarismo que ningún liberal debe desear. El pinochetismo sería un liberalismo de asalto.

Burke era partidario del mercado, pero, como buen conservador, recomendaba, a la hora de poner la mano en el Estado para reformarlo, hacerlo sólo "con miedo respetuoso y con licitud temblorosa". Ese miedo, decía un romano ilustre, el miedo a poner en peligro la seguridad y la libertad, es la raíz del coraje ciudadano.

Miguel Herrero de Miñón es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de julio de 1994