Prisión sin fianza para Barrabés por el 'caso PSV'

El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, abrió ayer una grave brecha en el seno de UGT al decretar, a última hora de tarde, la prisión provisional y sin fianza de Paulino Barrabés, e presidente de la cooperativa de viviendas PSV y ex secretario de finanzas del sindicato, responsable de dicha cooperativa. Paulino Barrabés -de 66 años e impulsor en el PSOE del denominado grupo de Las Navas- estuvo declarando el lunes y ayer hasta que Moreiras le anunció su decisión por considerarle responsable de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.El juez Moreiras ha decretado hasta el momento la prisión de las dos personas que han acudido a la Audiencia Nacional como inculpadas por el caso PSV. El primero fue Carlos Sotos, que ocupó la gerencia de la cooperativa, y que, igualmente, fue encarcelado con prisión incondicional y provisional (al no haber sentencia) el pasado 29 de junio por estafa y apropiación indebida tras declarar durante siete días. Hoy cumple una semana en la prisión de Carabanchel.

El siguiente en declarar -está previsto que lo haga a partir de hoy- será Sebastián Reyna, actual responsable de finanzas del sindicato y ex director general de Cooperativas. Los siguientes en comparecer serán, por este orden, Nicolás Redondo, Manuel Garnacho, José Luis Daza, Rafael Recuenco y Prudencio García.

Recurso

Marino Turiel, miembro del equipo de defensores de Barrabés que dirige el ex presidente del Senado José Federico de Carvajal, adelantó ayer que hoy recurrirán el auto. Turiel dijo que el auto de prisión estaba "absolutamente inmotivado", lo calificó de "apresurado" y "desmesurado" -y criticó que, sin mediar ningún tipo de dictamen pericial, Moreiras pueda imputar delitos como los que menciona el auto. "Cuando motive su resolución", señaló, "el juez tendrá que acreditar que, efectivamente, hubo apropiación indebida". De no ser así, tendrá que modificar la situación de prisión provisional, en opinión del abogado.

Según Turiel, no había razón alguna para decretar el encarcelamiento, cuando Barrabés no ha intentado nunca eludir la justicia y "ha dado más explicaciones de las que se le han pedido" para intentar aclarar su papel en la cooperativa. "Todo ello", se quejó, "ha sido infructuoso".

Los argumentos que expuso Barrabés en su defensa fueron los siguientes: las asambleas de cooperativistas siempre aprobaron las decisiones del consejo rector, las auditorías externas eran favorables, y Carlos Sotos era quien llevaba la gestión.

En las declaraciones ante el Moreiras, el ex presidente de PSV dijo que, hasta finales de 1992, siempre se había fiado de los informes que, sobre la situación de la cooperativa, le llegaban de los equipos gestores, y que a partir de esa fecha, aseguró haber hecho todo lo posible para que las entidades públicas apor

taran los créditos necesarios. Según Joaquín Ruiz-Giménez, abogado de los cooperativistas de Valdebernardo (Madrid), Barrabés aseguró que él estaba en la cooperativa "por un sentido de solidaridad humana con la gente que no tenía vivienda", e insistió en que él no llevaba la gestión. Admitió, sin embargo, su responsabilidad como secretario de finanzas de UGT, y exculpó al sindicato y a su ex secretario general Nicolás Redondo.

"Habrá que aclarar", dijo Ruiz-Giménez, "si hubo algunas omisiones con anterioridad a esa fécha". El abogado señaló que, ya a finales de 1991, podrían haberse percibido las dificultades para abarcar un programa tan espectacular" como el de PSV.

"Paulino Barrabés dice que no tenía capacidad de gestión", explicó Ruiz-Giménez, "y no ha podido explicar nada sobre la situación de las distintas promociones". Barrabés se escudó, según el letrado, en que los cooperativistas votaban en asamblea las decisiones del consejo rector de PSV. Según la Ley General de Cooperativas, esas decisiones podrían haber sido impugnadas, pero nunca lo fueron. El ex secretario de finanzas de UGT se amparó también en que las auditorías externas eran favorables a las cuentas que la cooperativa presentaba. Ruiz-Giménez anunció que solicitará un careo entre Sotos y Barrabés.

Venta de inmuebles

Por otra parte, la titular del juzgado número 10 de lo Civil de Madrid ha autorizado la venta de los principales inmuebles de IGS, la gestora de la cooperativa de viviendas PSV, tal como había solicitado aquélla. Según el auto que decreta la venta, el importe de los inmuebles alcanza 3.000 millones de pesetas, que se destinarían a cubrir parte de los pagos más elementales de la cooperativa. Uno de los inmuebles es el domicilio social de la empresa, en el complejo Azca de Madrid, y otro el complejo de chalés Bressel, en el centro de Madrid.

Juan Ramón Montero Estévez, abogado que representa a los grupos dados de baja de la cooperativa, ha recurrido la autorización de la juez. Montero aseguró que no podía revelar datos presentados en el proceso. "Pero, por otra parte, los datos del proceso no aclaran más que lo que ya es conocido", destacó.

Un centenar de cooperativistas permaneció junto a la Audiencia todo el día de ayer profiriendo gritos contra Sotos, Barrabés, Redondo, la UGT y el Gobierno. Al ser increpada, Luz Almeida, miembro del equipo defensor de Sotos -encabezado por Miguel Bajo-, pidió a un policía que la acompañara hasta la puerta de la Audiencia. Almeida dijo que Moreiras seguía rehusando recibir a Bajo para hablar sobre el recurso contra el auto que envió a Sotos a prisión.