Cupos menguantes

ESPAÑA NO ha dejado de ser un país de emigrantes, aunque esta condición sea más bien una reliquia del pasado que una circunstancia del presente. Pero el hecho es que, en la actualidad, los emigrantes españoles triplican el número de los extranjeros legalmente residentes en España: 1.200.000, frente a unos 400.000. Sin embargo, España está obligada por diversas circunstancias, y en especial por su compromiso con la política común de la Unión Europea (UE), a actuar frente a la inmigración con criterios mucho más restrictivos que los aplicados en su día a los emigrantes españoles.Ahora mismo, los países de la Unión Europea acaban de dar una vuelta más de tuerca al control de la emigración exterior al consagrar de manera explícita como política común el principio de la "preferencia comunitaria" en materia de empleo. En la práctica, es difícil que pueda existir algún tipo de competencia laboral entre la emigración interior de los países de la UE y la exterior, procedente, principalmente, de los países del Magreb, del África subsahariana y de la Europa del Este. Ni en razón de la cualificación profesional ni del nivel de los puestos de trabajo a cubrir ni, obviamente, del grado de necesidad que acucia a unos trabajadores y a otros.

En contra de lo que se afirma en los ambientes xenófobos, los trabajadores europeos no compiten por los mimos puestos de trabajo que los que llegan de fuera. De manera que, aun con una media del 11% de desempleo en el ámbito de la UE, sigue habiendo necesidad, de inmigración, aunque sea para recoger fruta o realizar trabajos domésticos. No es probable que en los próximos años los trabajadores locales, amparados en los sistemas de protección social, acepten en número suficiente tales empleos.

Pero, a corto o medio plazo, la aceptación explícita del principio de "preferencia comunitaria" en el empleo como eje de política común no dejará de producir una restricción todavía mayor de los flujos migratorios del exterior. Salvo que la situación económica mejorara radicalmente y hubiera necesidad de una mano de obra abundante, lo probable es que los cupos anuales de inmigrantes, establecidos en los países de la UE tiendan a menguar. Sin ir más lejos, España ya ha reducido drásticamente su cupo de 1994 a 10.000 extranjeros tras el fracaso experimentado con el del año anterior, en el que sólo se emplearon a 7.000 de los 25.000 extranjeros inicialmente autorizados.

El sistema de cupos fue justificado en su momento como una forma de garantizar los derechos y las condiciones de vida de los inmigrantes y de evitar su enquistamiento en guetos de marginación y delincuencia directamente relacionados con la inmigración incontrolada. Si es así, tal sistema representa una medida necesaria para evitar un descontrol del flujo migratorio lleno de riesgo. Pero a condición, claro está, de que el sistema se mantenga y no corra el riesgo de desaparecer por combinación de principios como el de "preferencia comunitaria" en el empleo y de exigencias demasiado estrictas de carácter económico.

Si Europa quiere ser algo más que una fortaleza asediada y no desmerecer de su pasado hospitalario, está obligada a basar sus políticas de inmigración en algo más que en la coyuntura económica. Su tradición cultural y un mínimo de solidaridad generosa, pero también realista, con los que llaman a sus puertas son también razones dignas de tenerse en cuenta.