Una salida tranquila

LIMITARSE A constatar que las elecciones del 12-J eran europeas y deducir que no tenían nada que ver con la política nacional es una forma de rehuir la realidad; pero afirmar sin más que sus resultados deslegitiman al Gobierno supone romper las reglas de juego del sistema parlamentario y abrir paso a la inestabilidad permanente. Una semana después del pronunciamiento de la ciudadanía, la reafirmación de esa legitimidad es condición previa a cualquier planteamiento sobre la respuesta más adecuada a la crisis política abierta por los escándalos de corrupción y en cuyo marco se celebraron los comicios.La alternativa, planteada por el PP antes de las elecciones, de dimisión de González y sustitución por un sucesor designado por él sólo garantizaba la perpetuación de la inestabilidad: la derivada de la falta de autoridad de un Gobierno con un presidente no refrendado en las urnas y seguramente cuestionado por parte de su propio partido. De otro lado, la alternativa de la disolución inmediata no era razonable porque la proximidad de las elecciones europeas y andaluzas daba la oportunidad de contar en breve plazo con un elemento de juicio objetivo sobre el estado real de la opinión pública.

Si el PSOE hubiera vencido, o perdido por poco, la hipótesis de la disolución habría podido ser descartada. Si el partido del Gobierno hubiera sufrido un derrumbe catastrófico como el de UCD en 1982, la convocatoria de elecciones anticipadas habría resultado inevitable. Pero no ha ocurrido ninguna de esas dos hipótesis. El PSOE ha experimentado un severo retroceso, pero el 30% alcanzado queda lejos del derrumbe: es superior al porcentaje obtenido por la coalición de Balladur en Francia y similar al de los partidos gobernantes de los demás países de la UE, con excepción de Italia y Grecia. Por otra parte, Pujol ha vencido en Cataluña con el 31,4% y Arzalluz en el País Vasco con el 25,8%.

El riesgo de interpretar los resultados como un mandato popular en favor de unas elecciones anticipadas es establecer un precedente que convierta todas las elecciones intermedias en un referéndum sobre la legitimidad del Gobierno. No es un riesgo teórico. El principal diario de la derecha ya ha reclamado la dimisión de Leguina en Madrid -aduciendo que el PP obtuvo el 12-J más votos que el PSOE e IU juntos- e insinuado que también tendrían que irse, por lo mismo, los alcaldes de la mayoría de las capitales de provincia. Un país sometido a semejantes criterios sería ingobernable.

El argumento que identifica estabilidad con anticipo electoral y victoria del PP es demasiado subjetivo. Es posible que ese partido obtenga la mayoría en unas legislativas, pero improbable que sea absoluta. Sabemos de las dificultades del PSOE para obtener el respaldo de Pujol (y Arzalluz), pero puede darse por seguro que las de Aznar serían aún mayores. Luego la estabilidad distaría de estar asegurada.

Pujol ha garantizado su apoyo al Gobierno actual, pero se ha opuesto a otorgarlo ante el Parlamento mediante la votación de la cuestión de confianza. Es una actitud incoherente. La cuestión de confianza está prevista para comprobar la solidez, cuestionada por algún motivo, de los apoyos que sostienen a un Gobierno. Pujol niega esa confianza al amenazar con no votarla si se plantea, y a la vez la afirma al decir que no es necesaria. Tal confusión alienta, más que reduce, la incertidumbre. El compromiso por la gobernabilidad no tiene por qué ser gratuito, pero debe ser público y claro. Y nada mejor para ello que confirmarlo en el Parlamento. Lo contrario favorece las versiones demagógicas que identifican la lógica negociación de contrapartidas con un chalaneo secreto.

La posibilidad, insinuada por Arzalluz, de que el PNV aceptase participar en un Gobierno de coalición podía ser la ocasión para una remodelación que otorgase mayor densidad política al Gabinete. Si ese Gobierno se presenta al Parlamento con un programa adaptado a las urgencias de la crisis política -Ministerio del Interior, financiación de los partidos, pacto autonómico, entre otras- y obtiene un respaldo suficiente, sería posible fijar un calendario que incluyera la convocatoria de elecciones legislativas en un plazo razonable, pero ya en una atmósfera más serena para una alternancia tranquila si así lo quiere el electorado.

Ello sería lo mejor para el PSOE, que podría dejar paso a su sucesor desde una posición menos desairada, pero también para el PP, que necesita algún tiempo para normalizar las relaciones con sus futuros aliados; pero sería lo mejor, sobre todo, para el sistema parlamentario, que habría demostrado ser capaz de dar salidas a una grave crisis política sin establecer precedentes peligrosos ni ceder el control del calendario en manos de interesados administradores del escándalo.