Los sindicatos sostienen que la contención de los precios no puede depender de la moderación salarial

La resistencia de los precios a bajar no puede achacarse a los salarios, según coincidieron ayer en señalar los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. Las centrales consideran que los costes laborales son bajos, y que la contención de la inflación no puede ya depender de su moderación.UGT afirmó en un comunicado que no se puede hablar de cambio de tendencia cuando, en menos de la mitad del año, la inflación acumulada desde enero supera ya la mitad del objetivo anual del 3,5%. Según este sindicato, han sido los productos alimentarios los que han compensado en gran medida el índice de precios.

Esta situación "no se puede calificar de positiva" señala UGT en su comunicado, ya que se deriva del comportamiento arbitrario del precio de los alimentos, y por lo tanto es un fenómeno coyuntural, mientras que la tendencia inflacionista es estructural.

Para Comisiones Obreras, el comportamiento de los precios es negativo, particularmente si se tiene en cuenta que la situación es de profunda recesión y los salarios están creciendo muy moderadamente.

Comisiones atribuye los resultados a la existencia de empresarios que pueden fijar precios más altos que los de la competencia, en referencia a los sectores, como el de servicios, que no están suficientemente sometidos a la competencia exterior, opinión que comparte UGT.

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Joaquín Almunia, destacó el comportamiento de la inflación subyacente. Almunia expresó su confianza en que los indicadores "continúen señalando en los próximos meses el repunte de la actividad económica y permitan recuperar los índices de creación de empleo de antes de la crisis".

Para Izquierda Unida es preocupante. Su responsable de Economía, Salvador Jové, dijo que preveía un empeoramiento de "la política regresiva en la actuación fiscal" y que, en lugar de mantener el poder adquisitivo de los salarios, "se ejercen presiones para que los trabajadores paguen la incapacidad del Gobierno para controlar los precios".