El alcalde desoye una sentencia que le condena a pagar 80 millones

Las deudas del Ayuntamiento de Madrid amenazan también con inhabilitar al alcalde, José María Álvarez del Manzano. Hace diez días, un juez notificó al gerente de Urbanismo, Pedro Areitio, que si no abonaba en el plazo de 15 días los más de 200 millones que adeuda el departamento que dirige, según ordena una sentencia firme, se le pedirán responsabilidades penales. Ahora es un vecino quien pide al juez que procese ya al regidor por desobediencia a un mandato judicial, puesto que no ha abonado los 80 millones que le debe el municipio por una indemnización a la que le da derecho una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en junio de 1990.Este vecino de Madrid, Valentín Mendoza, solicitó licencia de obras (que se le concedió) para instalar un discobar en el número seis de la avenida de la Mediterráneo en 1984, pero unos meses más tarde no se le permitió abrir el local. Mendoza (uno de los ocho socios de ese negocio) recuerda que el entonces regidor de la capital, Enrique Tierno Galván, les dio a él y a otro socio 20.000 pesetas ("para que comiésemos esa semana", apostilla) y una carta de recomendación para la fábrica de cervezas Mahou. Allí trabajaron seis meses. "Yo invertí todos mis ahorros en el bar y he tenido que pedir dinero; otros socios solicitaron préstamos que les avaló la familia, con la que han acabado teniendo muchos problemas por no poder pagar", explica.

Sentencia del Supremo

Hace un año se fijó la cantidad de 83.375.289 pesetas como compensación a los ocho perjudicados. El 28 de octubre de 1993 los jueces ordenaron al Ayuntamiento el pago de lo adeudado. "( ... )Ofíciese al Exmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Madrid requiriéndole para que porceda a dar cumplimiento inmediato a lo dispuesto ( ... ) bajo apercibimiento de deducir el tanto de culpa a que se refiere el artículo 110.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa", dictaron los magistrados.

En román paladino, avisan al alcalde de que si no paga en seis meses desde la notificación de la orden (el plazo expiró el 8 de mayo) incurrirá en delito de desobediencia, que se castiga con la inhabilitación de seis a doce años. Un portavoz de la alcaldía manifestó ayer que en ese departamento no hay constancia de esa advertencia de los jueces y explicó que seguramente los técnicos de los servicios jurídicos (ilocalizables en ese momento) estarían al tanto.

Los demandantes presentaron una alegación a los presupuestos municipales para 1994 porque no recogen una partida específica para pagar la deuda. El Pleno del Ayuntamiento acordó desestimar esa reclamación y adujo que existía suficiente dinero para abonar lo adeudado en el capítulo de gastos jurídicos de la Gerencia de Urbanismo (bajo ese epígrafe se contabilizan 225 millones de pesetas).