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Las deudas municipales amenazan con inhabilitar al gerente de Urbanismo

El Ayuntamiento de Madrid debe abonar antes del 17 de junio unos 200 millones de pesetas que adeuda por una expropiación. Si no lo hiciera, el gerente de Urbanismo, Pedro Aretio, puede quedar inhabilitado para su cargo por un periodo de seis a doce años. El concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, jefe directo de Areitio, afirma que ésta es la primera gota de una cascada de fallos judiciales firmes que obligan a la Gerencia de Urbanismo a pagar unos 11.000 millones de pesetas por diversas sentencias que resuelven expropiaciones de suelo.Echeverría ha comunicado al alcalde, José María Álvarez del Manzano, la situación de Areitio. Esta semana, el regidor se reunirá con el primer teniente de alcalde, Luis María Huete, con Echeverría y con el gerente para buscar una solución. Un edil propuso días atrás en un corrillo declarar al Ayuntamiento "institución pobre de solemnidad".

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid citó a Areitio el jueves y le comunicó que el departamento municipal que dirige tiene un plazo de 15 días para pagar una indemnización de más de 200 millones que estipula una sentencia judicial firme (ya no se puede recurrir ni anular) de ese tribunal.

PASA A LA PÁGINA 3

Varias sentencias judiciales firmes exigen 11.000 millones por expropiaciones de terrenos

VIENE DE LA PÁGINA 1El gerente de Urbanismo bromeó el viernes sobre la sentencia, pero su responsabilidad penal puede inhabilitarle para el cargo que ocupa. Las fuentes jurídicas consultadas explican que el delito imputable a Areitio (sólo las personas físicas, y no las jurídicas, pueden incurrir en responsabilidad penal) es el de desobediencia a una sentencia judicial como funcionario público (que el artículo 369 del Código Penal castiga con la inhabilitación especial y multa de 100.000 a 500.000 pesetas).

Esto significa que Areitio puede perder el derecho a ocupar un cargo similar al que ahora tiene por un periodo de seis a 12 años. Un precedente es el del ex alcalde de Burgos José María Peña (del PP), condenado a inhabilitación por desobediencia a una orden administrativa superior de la Comunidad de Castilla y León. "Aunque Areitio no esté amenazado con la cárcel, no voy a permitir que se calle ante esta situación", espeta el edil de Urbanismo, que se muestra indignado: "Él no es quien firma los cheques". Y añade que algunas de las sentencias que se le vienen encima a Areitio se derivan de actuaciones que ni siquiera dependieron de él. Y pone como ejemplo una expropiación de 1971 para construir la M-30 y por la que el Ayuntamiento debe pagar 3.339 millones de indemnización más los intereses desde 1987 (más de 5.000 millones). El Tribunal Superior de Madrid así lo falló en septiembre de 1992 y obliga a abonar los intereses de demora.

Quien sí rubrica los pagos, el concejal de Hacienda, Fernando López Amor, prefiere no hacer comentario alguno y afirma que desconocía el problema de Areitio. Una fuente municipal explica que López Amor sí sabía que el Ayuntamiento debía pagar este año 11.000 millones por ejecuciones de sentencia y que no quiso incluirlos en los presupuestos municipales. Según dicha fuente, López Amor argumentó que haría una operación de deuda si era necesario. Pero el edil niega esta versión.

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