La ciudad: algo más que un mercado de suelo

En la pasada década, nuestro país ha hecho un gigantesco esfuerzo para modernizar sus infraestructuras interregionales. La acción inversora de las distintas administraciones públicas ha permitido un gran salto adelante que nos ha llevado hasta niveles homologables con los de muchas otras áreas de Europa.Sin duda quedan problemas pendientes, y en estos próximos años será necesario hacer esfuerzos adicionales para solventar las disfuncionalidades que persisten en nuestro sistema hidráulico, en nuestras redes de transporte y en nuestras costas. Pero no es menos cierto que el gran reto que queda ahora pendiente es conseguir que también sean homologables con los europeos los estándares de dotación infraestructural y de calidad de vida de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, esto es, del entorno inmediato donde se desarrolla la vida cotidiana de los ciudadanos.

Tales diferencias no son en absoluto banales, tienen profundas raíces en unos procesos políticos, demográficos y económicos que necesitamos conocer para poder plantear políticas correctoras eficaces. El cambio de estructuras productivas del periodo 55-75 conllevó un gran crecimiento de la población urbana española, crecimiento que, al estar enmarcado en un sistema político que facilitaba la prevalencia de ciertos intereses privados frente a los públicos, nos proporciona un antecedente de gran valor sobre el modelo de ciudad que se genera cuando las tensiones especulativas de los mercados del suelo no son reguladas eficazmente.

Las características de tal modelo (densidades excesivas asociadas a una congestión permanente e insoluble, edificación y urbanización de baja calidad, espacio público muy escaso, pérdida del patrimonio arquitectónico, dilapidación de recursos naturales tales como muchos de los espacios costeros, falta de niveles de funcionalidad adecuados para el desarrollo de sistemas productivos realmente competitivos ... ) han quedado materializadas en muchas áreas de nuestras ciudades y costas. Cualquier persona puede evaluar qué ha supuesto (para nuestra generación y para las venideras) tal etapa en las posibilidades de poder disfrutar un entorno urbano de calidad.

La reacción de las administraciones democráticas ante tal estado de cosas se basó en una primera fase, como es lógico, en detener los procesos de deterioro y en hacer suficientes reservas para dotaciones públicas. Utilizaron para ello el planeamiento urbanístico, dando lugar a un gigantesco proceso de formulación y revisión de planes generales (y otros documentos análogos) que permite en la actualidad que casi todas nuestras ciudades cuenten con instrumentos adaptados, en líneas generales, a sus necesidades. El proceso de inversión pública que sucede a tal esfuerzo de planeamiento ha logrado solventar una parte importante de los déficit acumulados. No obstante, es necesario reconocer que en nuestras áreas urbanas, en nuestras ciudades y en nuestro pueblos siguen persistiendo serios problemas.

Y es necesario reconocer, además, que la solución de tales problemas de calidad del entorno inmediato va a ser cada vez más un objetivo prioritario en una sociedad que demanda de los poderes públicos algo más que conseguir un cierto nivel de rentas.

Esta nueva prioridad, en la que se enmarcan hechos como la reciente creación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, que aglutina las competencias estatales sobre la calidad del entorno inmediato de los ciudadanos (medio ambiente, urbanismo, arquitectura, vivienda ... ), implica una creciente preocupación de las administraciones públicas por políticas tales como las de vivienda, de regeneración del entorno urbano o, muy vinculada a las anteriores como hemos explicado, de suelo.

Efectivamente, con las premisas establecidas no cabe otra posibilidad que la de acercarse a los problemas del suelo desde ópticas que trasciendan planteamientos puramente mercantilistas, anteponiendo la "racionalidad ecológica" (entendiendo como tal la optimización del recurso suelo como elemento imprescindible para un desarrollo sostenible y equilibrado de la ciudad) a la "racionalidad económica". La escasez y el elevado precio del suelo son problemas que tienen un efecto tremendamente perverso en la redistribución de rentas, en el acceso a la vivienda, en la pervivencia del sector de la construcción y en las necesidades presupuestarias de las administraciones que deben realizar actuaciones en las ciudades. Pero también tiene otra serie de efectos que perduran en el tiempo a través de la persistencia de modelos urbanos indeseables (e incorregibles a posteriori) en los que la nueva ciudad se ve obligada a crecer sobre sí misma arrasando el patrimonio arquitectónico preexistente y creando entornos con densidades excesivas y con dotaciones públicas escasas o nulas, en los que será muy difícil conseguir los niveles de calidad de vida que exigen los ciudadanos.

El suelo es, pues, algo (mucho) más que un factor productivo al que pueden aplicarse sin más correcciones las teorías de mercado. No extraña en absoluto, por tanto, que la supeditación del interés privado al público a través de planeamiento urbanístico sea una constante de todos los países de nuestro entorno. Recordemos tan sólo, por ejemplo, la contundencia de la frase que abre el Código Urbanístico francés: "El territorio francés es el patrimonio común de la nación".

Junto a la regulación de los suelos privados existe un segundo frente que, en mi opinión, debe de tener cada vez más un mayor peso: la generación de suelo público urbanizado. La existencia de un amplio stock de suelo público urbanizado posibilita la implantación de vivienda sometida a regímenes de protección pública y garantiza que los nuevos crecimientos urbanos puedan tener una calidad aceptable. Se debe de abrir una etapa de acción positiva de las administraciones públicas en tal sentido, etapa que garantice la viabilidad del futuro plan de vivienda y que permita dar un giro histórico en el modelo de crecimiento de nuestras ciudades.

La solución a los problemas, de suelo, esenciales en las ciudades españolas, exige una acción, conjunta de las diversas administraciones competentes. En todo caso, las acciones del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente van a desarrollarse en un marco de respeto máximo por las competencias de las comunidades autónomas.

La preocupación por los problemas enunciados ha llevado a este ministerio a tomar la iniciativa de constituir una comisión de expertos sobre urbanismo, formada por representantes de las instituciones públicas y privadas de los consumidores, de los agentes sociales implicados, etcétera, con la finalidad de elaborar en el plazo de unos seis meses un informe sobre líneas de avance de la normativa estatal y autonómica, documento que pueda ser puesto en consideración por las diversas administraciones competentes. con vista al desarrollo de las propuestas normativas que les sean propias.

En tal sentido, la Comisión de Expertos sobre Urbanismo, constituida el pasado 31 de enero, es una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para propiciar tales cambios normativos en una atmósfera de concertación administrativa y participación de los agentes implicados.

es director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.