Un juez investiga la posible venta ilegal de tabaco por Comisionistas del PSOE

Un juez de Sevilla investiga desde hace meses el posible desvío ilegal para su venta en el extranjero de partidas de tabaco incautado por el Estado, escándalo desvelado por Diario 16. La hipótesis de trabajo es que la supuesta venta tendría como fin aportar comisiones para personas relacionadas con el PSOE. El juez indaga si existen diferencias entre el tabaco oficialmente intervenido de 1987 a 1993 y la suma del destruido más el que aún permanece almacenado. Desde 1987, oficialmente, no se ha registrado ninguna venta del tabaco intervenido, y sólo en 1993, iniciada ya esta investigación, se informó de la destrucción de importantes partidas. Izquierda Unida ha pedido al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, que aclare este caso. Tabacalera indica que el tabaco acumulado por las distintas requisas de las Fuerzas de Seguridad desde 1987 supera los 12,0 millones de cajetillas, al tiempo que se indica que en noviembre de 1993 se destruyeron 56,9 millones, partida que no se aclara si forma parte o no de la cifra global reflejada. Casualmente, esta trituración de material intervenido se producía poco después de que un juez de Sevilla iniciara sus indagaciones sobre el destino final de la mercancía, a partir de un relato de un detenido que detallaba gestiones para venderlo clandestinamente.La Guardia Civil, de 1989 a 1993, ambos incluidos, da como intervenidas más de 47 millones de cajetillas, a lo que hay que sumar más de 83 millones de paquetes intervenidos por el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de Hacienda, entre 1989 y 1993. Esto ya arrojaría una cifra superior a la reconocida por Tabacalera, a pesar que no incluiría los años 1988 y 1987, que la justicia también investiga.

Parviz Sigurdson, iraní detenido meses atrás por tráfico de armas, asegura que mantuvo una entrevista en un chalé en La Moraleja (Madrid) con Enrique Ballester, relacionado en diversas ocasiones con las finanzas del PSOE; Ángel Galán, agente del Cesid hasta descubrirse esta irregularidad, y los empresarios Esteban Redondo, Juan José Baró Puyo, y Manuel Rojas. Ballester, bien relacionado años atrás con Felipe González, ha realizado numerosos negocios en Argelia. Su excelente sintonía con servicios como el Cesid le hizo candidato a coordinar los servicios secretos españoles.

En la reunión se negoció la venta de tabaco requisado con destino a Rusia. Según declaró Parviz durante la investigación, en la cita le ofrecieron tabaco decomisado en diferentes puntos de España, y le indicaron que "el dinero que se conseguía por el tabaco era para financiar al PSOE", y que la comisión rondaría las 1.500 pesetas por caja, cuyo precio de venta estaría entre 60 y los 70 dólares.

Aunque algunos implicados sostienen que nunca se ejecutó el plan, el juez investiga una operación de tabaco decomisado en Limasol (Chipre), supuestamente procedente de unos almacenes españoles.

Como presuntos integrantes de esta trama, se hallan también bajo investigación el empresario Pedro Antonio Guillén -que ya fue objeto de atención judicial a raíz del caso Juan Guerra y supuestamente relacionado con altos jerarcas del socialismo francés-, y un socio de Parviz llamado Skoinorokski. Según Parviz, quien debía abonar la comisión era el empresario Baró, quien garantizó presuntamente que no habría problemas para obtener tabaco merced a los buenos contactos que poseían con directivos de Tabacalera. Durante buena parte del periodo investigado dirigió Tabacalera Miguel Ángel del Valle Inclán, a quienes los componentes de este grupo nunca citan.

Manuel García Rojas indica que el espía Galán, es amigo personal del delegado del monopolio -al que no identifica-, dado que veranea en Asturias, si bien algunos de los implicados aseguran que el ex funcionario del Césid desaconsejó materializar la operación por entender que vulneraba la legalidad. La única vía de venta de tabaco decomisado desde 1987 es la subasta y, desde entonces, no consta que se haya producido ninguna.

Según Parviz, se le ofrecieron 1.000 contenedores de cajetillas de tabaco decomisado, que suponían casi 216 millones de paquetes, dividido en dos partidas: requisados de 1978 a 1987, y de dicho año a 1990.